Presidenciales francesas: El triunfo de los declinólogos

Artículo publicado en el periódico digital La Voz de Salamanca, 12 de octubre de 2007.

José Vidal-Beneyto nos recuerda la importancia de “estudiar [...] los mecanismos que utilizan [los] poderes para crear y difundir los contenidos que convienen a sus intereses”. El propio Vidal-Beneyto, a finales de los años setenta, coordinó diversos estudios que confirmaron la hipótesis de que “la comunicación mediática no reproducía y representaba la realidad tal y como era, sino que la producía y acababa imponiéndola”. De esta manera, “la realidad mediática así gestada era más real que la realidad convencional porque era más productora de efectos de realidad” (1). En los últimos años, un caso paradigmático de producción de la realidad por los medios de comunicación, culminado en el tratamiento informativo de las ultimas elecciones presidenciales, ha sido el de la crisis o declive de Francia.

Los llamados declinólogos han conseguido transmitir a la opinión pública, con notable eficacia tanto la idea del declive de Francia como la de que el país necesitaba políticos que desarrollaran, en palabras de Nicolas Baverez –su principal ideólogo-, “una terapia de choque”. Así, las presidenciales de mayo se convertían en una oportunidad para establecer, como solicitaba la patronal, una ruptura con la situación anterior que permitiera “abordar reformas profundas” (2). Un crecimiento económico inferior al de otros Estados de la Unión Europea, un mercado de trabajo excesivamente regulado, una supuesta pérdida de peso en la política internacional y en la influencia cultural del francés o la existencia de un partido como el Frente Nacional –capaz de alcanzar 5.525.034 votos, el 17,73%, en la segunda vuelta de las presidenciales de 2002- como manifestación de la crisis en la que se encontraría el sistema político de la V República, serían algunos de los ejes sobre los que pivotaría la supuesta decadencia de Francia.

La decadencia que con cifras otros autores se encargan de desmentir, o por lo menos cuestionar, como hacen Cecilia Ballesteros y Andrés Pérez en un artículo publicado en la edición española de la revista Foreing Policy (3), no es más que una cortina de humo, un pretexto para la aplicación, en lo económico, de un programa de reformas neoliberales que, en mayor o menor grado, los distintos gobiernos franceses habían logrado aplazar. Pero lo que resulta chocante, o cuanto menos paradójico, es que discursos como el de Baverez, partidario de Nicolas Sarkozy, y por tanto, propios de una determinada opción política –por mucho que se hable ahora de la apertura, l'ouverture, por la inclusión de antiguos cargos socialistas en el nuevo gobierno- hayan calado, a izquierda y derecha, dentro y fuera de Francia, en cualquier análisis que se realice sobre país vecino. De esta manera, para Felipe González, en la segunda vuelta de las presidenciales se dirimiría “más que la batalla por el centro, [...] la batalla por la modernización frente al continuismo”. Pero, ¿qué entienden por modernización el ex presidente español y todos aquellos adeptos a las tesis de la crisis francesa? Llevar a cabo “la modernización institucional del Estado y las reformas estructurales de una economía corporativizada que pierde capacidad de crecer y competir” (4).

Resulta representativo de esta aceptación masiva y acrítica de la corriente declinóloga, casi como si un dogma se tratara, el que la práctica totalidad de los editoriales de diarios españoles coincidiera en señalar, tras la victoria de Sarkozy, dos de las ideas-fuerza del ideario de los declinólogos: Que las políticas llevadas a cabo por los distintos gobiernos, durante los últimos treinta años, habían llevado al declive del país. Y que para romper con la “inercia del gaullismo” heredada había que realizar reformas modernizadoras. Así, desde El País se consideraba que para el nuevo presidente “su reto inmediato es que Francia salga unida y fuerte de su crisis real y psicológica”. Por tanto, “es de esperar que Sarkozy logre con sus reformas sacar a Francia este agujero en el que se ha metido por sí sola”. El objetivo, hacer que el enfermo francés recupere “su plena vitalidad intelectual, social y económica”. Este binomio, crisis-reformas, aparece también en El Mundo: “La crisis actual se ha incubado durante casi tres décadas de inmovilismo”, obteniendo la victoria quien “hizo campaña prometiendo reformas profundas en una economía que las pide a gritos”. En esta línea, para el Abc, “sin ocultarlo, [Sarkozy] se ha comprometido nada menos que a cambiar las cosas después de tantos años de esclerosis, a romper la deriva relativista que inunda la vida intelectual francesa desde Mayo de 1968”. Y es que, según La Razón, “con la elección del aspirante liberal a la cabeza del Estado, Francia se hizo mayor”, abriéndose “una puerta a la modernización” que llevara a “reformar el mastodonte chirriante de la economía gala”. También, para La Vanguardia, los franceses habían “elegido romper con el pasado”, apostando por “el inicio de una era de cambios que se presume capital para revitalizar la economía y las instituciones francesas”, siendo “la gran prueba de fuego [...] la aplicación de las reformas económicas liberales que ha prometido” (5).

Pero, ¿de qué “cambio regenerador que el país necesita” hablamos? ¿En qué consisten las “reformas profundas” que “pide a gritos” la economía? ¿Forman parte de la agenda de todas las opciones políticas o, por el contrario, responden a una determinada concepción política e ideológica? En principio, el adelgazamiento o desmantelamiento del Estado del Bienestar no debería ser una opción defendida por posturas socialdemócratas, por lo menos antes de la llegada de la Tercera Vía; más bien sería tarea de los partidos conservadores y liberales, en el caso que nos ocupa de una “derecha sin complejos” que con “Sarkozy, a pesar de su perfil gaullista, se aleja de algunas de las inquietudes sociales características de la Quinta República y es más sensible a la adecuación del Estado a la globalización y a los desafíos de las sociedades posindustriales” (6). Y a esto, a modificar el modelo social francés, y no a otra cosa como curar una supuesta enfermedad de la sociedad francesa, es a lo que ha dedicado sus primeros meses de gobierno el presidente galo.

¿Y la izquierda? ¿Qué hace frente a la hiperactividad legislativa del presidente de la República? Por un lado, la izquierda de la izquierda, atomizada e incapaz de ofrecer al ciudadano una alternativa anticapitalista unitaria. Por el otro, algunos miembros del Partido Socialista, como Ségolène Royal, emplazando a “profundizar en la renovación de la izquierda y en la búsqueda de nuevas convergencias más allá de las fronteras actuales”, rechazando algunas propuestas de su programa –aumento del salario mínimo hasta los 1.500 euros o generalización de la semana laboral de 35 horas- por considerarlas que “no eran creíbles” y, por último, asumiendo el discurso de las reformas, no suficientes para la socialista, ya que según ella “frente a esta impresión de movimiento, lo que en realidad amenaza a nuestro país es el inmovilismo”. Para la ex candidata al Elíseo lo prioritario es llevar a cabo una “renovación profunda de nuestros métodos y algunas de nuestras ideas, en la fidelidad a nuestros valores”. Se trataría de efectuar una tarea de modernización, lo que para la izquierda suele traducirse por derechización y sustitución de sus principios ideológicos por otros: “El mercado nos es tan natural como el aire que respiramos” (7), afirmó Royal en la fiesta de la rosa de Melle.

(1) La importancia de estudiar los mecanismos de creación y difusión de los contenidos en La comunicación, entre el rumor y la provocación, El País, 18/2/2006. Las reflexiones sobre la producción de la realidad en Marzo del 2006 no es Mayo del 68/1, El País, 1/4/2006.

(2) La idea de “una terapia de choque” en la entrevista Sarkozy es el antídoto contra la guerra civil, La Vanguardia, 27/4/2007. Las “reformas profundas” en Lluís Uría, La patronal francesa insta a los candidatos al Elíseo a abordar reformas profundas, La Vanguardia, 26/1/2007.

(3) Ejemplos de autores que cuestionan la decadencia, Cecilia Ballesteros, y Andrés Pérez (2006): ¿Decadencia francesa? En Foreing Policy. Edición Española, nº 18, p.14-19

(4) Felipe González, Cuál es la batalla, El País, 26/4/2007

(5) Los entrecomillados de este párrafo –a excepción de la referencia a la “inercia del gaullismo”, que corresponde al artículo de Francesc de Carreras, Modernizar Francia (La Vanguardia, 10/4/2007)-, referidos a los editoriales de los periódicos que se citan, son del 7 de mayo de 2007.

(6) El “cambio regenerador que el país necesita” en el editorial Sarkozy, hacia una nueva Francia, Abc. Las “reformas profundas” que “pide a gritos” la economía en Francia se pronuncia masivamente por la claridad de Sarkozy, El Mundo. La “derecha sin complejos” en Francia: derecha sin complejos, La Razón. El cambio en las políticas gaullistas en Francia elige cambio y derecha, El Periódico de Cataluña.

(7) La “renovación de la izquierda” en Lluís Uria, La derrota abre en el PS el debate sobre la renovación ideológica y las alianzas, La Vanguardia, 7/5/2007. La crítica de Royal a algunas de sus propuestas electorales en J.M. Martí Font, Royal acusa al PS de imponerle propuestas electorales "no creíbles", El País, 22/6/2007. Para la “renovación profunda de nuestros métodos” en Lluís Uria, Ségolène Royal regresa como una “mujer nueva” y decidida a encabezar la renovación del PS, La Vanguardia, 26/8/2007.

El excluido no tiene quien le represente

Artículo publicado en el periódico digital La Voz de Salamanca, 9 de septiembre de 2007.

Se aseó en una fuente cercana, desayunó en la Casa de Acogidas de Cáritas y se dispuso, como casi todos los días, a leer algún periódico [...] Por allí era bastante conocido, sobre todo por su cartel de “Empresario en paro, solicita ayuda”, que solía utilizar. Era época de elecciones, y le podía venir bien conocer las ofertas. A él le daban todos igual, pero tal vez en alguno de los mítines le podía caer algo, aunque no fuese más que poniendo y quitando sillas, o ayudando con la megafonía.
José Luis González Martínez, Elecciones, Diario de Avisos, 21/8/2007, p.6.

Como el coronel de García Márquez que no tienen quién le escriba, el excluido social parece que se encuentra sin que nadie, desde el ámbito político, aspire a representarle. Más allá de algunas referencias genéricas en programas y campañas electorales, la condición de no-ciudadanos de este colectivo hace que no formen parte de las ofertas electorales de los partidos políticos. Pero la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2005 del Instituto Nacional de Estadística situaba en 19,8 el porcentaje de la población española que vivía por debajo del umbral de la pobreza, cifrado en 6.347 euros al año (1). Es decir, uno de cada cinco españoles se encuentra en riesgo de exclusión social. Este concepto “engloba a la pobreza pero va más allá; la exclusión social se define también por la imposibilidad de acceder a los mecanismos de desarrollo personal e inserción socio-comunitaria y a los sistemas preestablecidos de protección”(2).

A diferencia de lo que sucede en los países subdesarrollados, donde predomina la pobreza extrema y moderada, en los a priori opulentos Estados de la Europa comunitaria prevalece la pobreza relativa que indican las cifras arriba mencionadas. Pobreza relativa que impide desde tener vacaciones a ir al cine o comprar una vivienda y que también coexiste con formas extremas de exclusión social, como es el caso de la población sin techo. Pero no debemos entender la exclusión social, y la pobreza en sus diversas manifestaciones, como una realidad ajena a nuestra ciudad, provincia o comunidad autónoma (3). Así, para la provincia de Salamanca, Cruz Roja señala que “al menos 90.000 [personas] se encuentran en situación de vulnerabilidad, el 9% tiene alguna discapacidad y 1.000 son transeúntes o personas sin ningún recurso”. Según estas cifras, más del 24% de la población salmantina está en riesgo de exclusión social. Por su parte Cáritas sitúa en 65.300 personas, unos 14.500 hogares, el número de ciudadanos que se sitúan, en nuestra provincia, bajo el umbral de la pobreza (4).

Ante esta situación, ¿nuestros representantes políticos proponen planes integrales que desarrollen políticas públicas orientadas al debilitamiento de los factores generadores de la exclusión social y a la prevención y atención de colectivos y territorios susceptibles de integrar ese fenómeno? O, por el contrario, actúan como la mayoría de los ciudadanos, bajando la cabeza, apurando el paso y mirando para otro lado cuando topamos de frente con la pobreza y, en el mejor de los casos, subvencionando la labor asistencialista de algunas ONGs. Coincido con aquellos para los que “la exclusión social no está inscrita de forma fatalista en el destino de ninguna sociedad. Como no lo está ningún tipo de desigualdad o marginación. Al contrario, la exclusión es susceptible de ser abordada desde los valores, desde la acción colectiva, desde la práctica institucional y desde las políticas públicas” (5).

Abordar esta tarea desde las políticas públicas resulta una tarea inaplazable, sobre todo para los partidos que se reclaman de izquierda, ya que, a diferencia de lo sucedido en el siglo XIX con la formación de los partidos obreros, no parece que los excluidos vaya a organizarse políticamente en un futuro inmediato. Sólo cuando la lucha contra la exclusión social forme parte de la agenda de estos partidos, el excluido de la cita con la que iniciábamos el artículo dejará de considerarlos a “todos igual” porque entonces tendrá, por fin, alguien que le represente.

(1) Abellán, L., Casi el 20% de la población española se sitúa por debajo del umbral de la pobreza, EL PAÍS, 29/11/2006, p.89.

(2) Brugué, Quim, Goma, Ricard y Subirats, Joan (2002): De la pobreza a la exclusión social. Nuevos retos para las políticas públicas, Revista Internacional de Sociología, Tercera Época, nº33, p.10.

(3) Belaza, M.C. y Junquera, N., La pobreza relativa de los españoles, EL PAÍS, 11/12/2006, p.41.

(4) Véase Prieto, Olga, Cruz Roja calcula que 90.000 personas están en riesgo de exclusión social, El Adelanto, 28/2/2007, p.5 y Alonso Torrens, Francisco Javier (dir.) (2006): Salamanca: retos, posibilidades y esperanzas: un estudio de la realidad sociodemográfica, laboral y económica de Salamanca y su provincia. Cáritas Española: Madrid, p. 100.

(5) Brugué, Quim, Goma, Ricard y Subirats, Joan, op. cit., p.12.

¿El año del fin del consenso?

Artículo publicado en el nº 277 del periódico independiente La Voz de La Palma, del 11 al 17 de mayo de 2007.

Llama a la destrucción “progreso” y nadie se te opondrá
(El Roto, EL PAÍS, 10/10/2006)

La noticia de la negativa, tanto del alcalde de la localidad abulense de Las Navas del Marqués, como de la Junta de Castilla y León, a cumplir –hasta la intervención del fiscal de Medio Ambiente- con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que impedía la construcción en un pinar protegido de una urbanización, llevó a Andrés Rábago, “El Roto” a escribir en su viñeta diaria la cita que abre el texto. En España, pero no sólo, muchos políticos y empresarios han contribuido a la destrucción del medio ambiente con el fin de obtener el ansiado progreso que su Comunidad, Provincia, Isla o Municipio demanda. Hasta el año 2006 en nuestra Isla esa especie de consenso social, que antepone el desarrollo –generalmente, de unos cuantos- que supuestamente proporciona toda infraestructura de transporte a cualquier medida de respeto y protección de la Naturaleza gozaba de buena salud. Las ampliaciones del aeropuerto de Mazo y del puerto de Tazacorte, la construcción del viaducto de Los Sauces o la obra de un segundo túnel de la Cumbre son, y fueron, auténticos megraproyectos, en los que el conjunto de las administraciones del Estado han invertido cuantiosas cantidades de dinero público sin haberse abierto previamente un proceso participativo en la toma de decisiones que nos llevara a cuestionar la supuesta rentabilidad, no sólo económica, sino también social y ambiental, que este tipo de proyectos supuestamente generan.

En este contexto ha sido esperanzador para una buena parte de la sociedad palmera –entre los que me incluyo-, el desarrollo de iniciativas ciudadanas como las llevadas a cabo por la Asamblea Ecologista y por la Plataforma Ciudadana de La Palma. A pesar de que sus integrantes han sido acusados por miembros de la clase política y empresarial dirigente de “intentar engañar a la gente, defendiendo intereses particulares”, calificados de “iluminados” e incluso invitados a “que nos dejen en paz”, sus iniciativas han conseguido abrir en la Isla el debate –no sólo sobre las idoneidad, o no, de determinadas infraestructuras viarias, que también lo han hecho- sobre el modelo de desarrollo de la Isla que los ciudadanos queremos para los próximos años, algo que les ha permitido romper con el consenso hasta entonces institucionalizado. El alto número de alegaciones presentadas por los vecinos de El Paso (1660) y de Breña Alta (2120) a sus respectivos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que contemplaban, en su fase inicial, una reserva de suelo para la construcción de una autovía de cuatro carriles, muestran –al igual que el millar presentadas al Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística Insular (PTE) con sus hoteles, campos de golf y puertos deportivos o las miles presentadas al PGOU de Santa Cruz de La Palma-, la concienciación de una nada desdeñable parte de la ciudadanía de que las obras proyectadas, lejos de traer el bienestar y el progreso supondrían, como reflejaba el Manifiesto del 16 de noviembre de 2006, “cambios que afectarían de forma irreversible a la población, la economía y el medio ambiente” de La Palma.

Pero como acertadamente, a nuestro juicio, señaló en una entrevista Ramón Trujillo, Coordinador de Izquierda Unida en Tenerife, “la crítica social, si pierde de vista las elecciones, es cómoda para el sistema”. A unas semanas de las elecciones municipales y autonómicas observamos como la mencionada crítica no ha articulado, como sí ha sucedido en otros lugares, una formación capaz de canalizar, políticamente, las reivindicaciones que han socavado el consenso, más allá del apoyo que pequeños partidos como Iniciativa por La Palma o Izquierda Unida hayan podido dar. En este contexto, puede darse la paradoja de que la ruptura del consenso social, respecto al modelo de desarrollo de la Isla, no tenga su correlato en las instituciones, lo que contribuirá a aumentar, todavía más, la brecha existente entre el conjunto de la ciudadanía y sus representantes.

Debate La reforma universitaria

Presentación del Debate La reforma universitaria en el que participaron César Luena, Secretario de Política Estudiantil y Reivindicativa de las JSE y Presidente de FAEST y Janet Sanz, Responsable de Educación y Universidades de JEV-JIC y miembro de AEP. Salon de Grados, Facultad de Derecho de la Usal, 23 de noviembre de 2006.

Buenas tardes y gracias por asistir,

Recientemente, los representantes de los Consejos sociales de las universidades españolas han señalado la necesidad de que las tasas de matrícula se acerquen al coste real de la enseñanza que reciben los alumnos, y que esto se acompañe con una subida equivalente de la dotación de becas y un plan de préstamos-renta. También plantean la necesidad de incorporar procedimientos profesionales y equipos especializados en la captación de fondos privados para las universidades, como son las aportaciones empresariales y las donaciones altruistas.

Aumento de tasas de matrícula, préstamos-renta, procedimientos profesionales, captación de fondos privados, aportaciones empresariales. Ante estas "palabras clave" extraídas de las consideraciones de los representantes de los Consejos sociales de las universidad españolas, cabe preguntarse si el proceso de reformas educativas en el que nos vemos inmersos -reforma de la LOU y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)- no nos conducirá, todavía más, a una mercantilización de la Universidad pública, con todo lo que ello conlleva.

La presencia hoy, del mundo empresarial y de sus criterios en la universidad española es clara. Sólo tenemos que echar mano a nuestra cartera y buscar lo que, a nuestro juicio, debería ser el carné universitario, y que, lamentablemente, se ha convertido en una tarjeta de crédito de una banco. También hemos asistido a una progresiva transferencia de servicios -como por ejemplo en esta casa, el servicio de fotocopias- antes gestionados directamente por las propias universidades, y hoy desempeñados por la iniciativa privada. Conocemos las consecuencias socio-laborales de estos procesos, así como el del fomento en la contratación de profesores asociados que ha dado lugar a que en la Universidad de Salamanca, entre septiembre de 2005 y mayo de 2006, se hayan desarrollado 106 concursos para la provisión de plazas de esta categoría frente a 42 de ayudantes.

En este contexto, ¿por qué Bolonia? ¿para qué Bolonia? ¿Para fortalecer la Universidad pública como servicio público o para introducir, todavía más, las empresas en la universidad? ¿Para formar ciudadanos o para contribuir a una inserción inmediata de los jóvenes a un mercado laboral? ¿Para asegurar un mapa de titulaciones que fomente la utilidad social del conocimiento o para eliminar las carreras menos competitivas?

Interrogantes todos ellos que los estudiantes, pero también el conjunto de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, creo, nos debemos plantear; máxime si cuatro años antes de firmarse la Declaración de la Sorbona, en 1998, precursora de la Declaración de Bolonia de 1999 que sienta las bases del EEES, la European Round Table of Industrialists (ERT) o Mesa Redonda de los Empresarios Europeos, lobby que agrupa a ejecutivos de multinacionales como Nestlé, British Telecom, Total, Renault, Siemens, entre otras, publicaba en Educación para los europeos. Hacia la sociedad del aprendizaje lo siguiente:

El objetivo de este informe es simplemente presentar la visión de los empresarios respecto a cómo ellos creen que los procesos de educación y aprendizaje en su conjunto pueden adaptarse para responder de una manera más efectiva a los retos económicos y sociales del momento.

La ERT espera que añadiendo la visión práctica de la empresa a las bien documentadas opiniones de los especialistas en este campo, se pueda ayudar a provocar los urgentes cambios que, a nuestro juicio, requieren en la actualidad los sistemas educativos europeos.

Así que para provocar esta reflexión en la Universidad de Salamanca e intentar proporcionar toda la información que exige un asunto de esta magnitud, más allá de fijar un posicionamiento, Unidad Estudiantil (UNE) ha organizado este debate sobre "La reforma universitaria". Hoy contamos con César Luena, Responsable de Educación de las Juventudes Socialistas de España y Presidente de la Federación de Asociaciones Estudiantes de Estudiantes Progresistas y de Janet Sanz, Responsable de Educación de Joves d´Esquerra Verda y miembro de la Associació d´Estudiants Progressistes de Catalunya, a los que agradecemos su presencia hoy en Salamanca.

Sin más, les cedo la palabra.

El enfermo imaginario: reflexiones sobre la “crisis” francesa

Artículo publicado en el periódico digital La Voz de Salamanca, 4 de julio de 2006.

Publicado, sin cita inicial y notas, en el nº 257 del periódico independiente La Voz de La Palma, del 14 de julio al 9 de agosto de 2006.

Ni siquiera se trata ya de eliminar la legislación laboral y aplicar el código de comercio. El ideal de muchos conservadores es la ausencia total de regulación: te contrato porque quiero, te pago lo que quiero y te despido cuando quiero. ¿Para qué ni siquiera un contrato en papel, si basta con uno implícito? ¿Por qué no van a trabajar los niños vendiendo flores, haciendo alfombras o como soldados? ¿Qué es eso de las cotizaciones sociales?
David Anisi, El fallido contrato de primer empleo, TRIBUNA DE SALAMANCA, 4/5/2006, p.2 Suplemento Paraninfo

La pérdida, en 1898, de las últimas posesiones españolas en el Pacífico –Filipinas- y América –Cuba y Puerto Rico-, llevó a parte de las elites intelectuales del país a calificar de Desastre estos acontecimientos. Pero como ha señalado José Álvarez Junco, esta crisis de la conciencia nacional, generada a raíz de la derrota española ante Estados Unidos, sería más propia “de las elites intelectuales”, que de “las capas populares, a las que no se había socializado intensamente en una identidad española”. Con todo, “para la minoría más instruida, España no sería sólo, ni sobre todo, una nación en «crisis», «decadente» o «degenerada», sino una raza en pleno declive físico, biológico, que había tocado fondo, «agónica», «moribunda» (1). En 2006, el “organismo comatoso” no es España, sino Francia. Una Francia que para algunos –desde nuestro país, pero también desde el hexágono como ha descrito Ignacio Ramonet-, lleva “un año en crisis permanente”, que para otros se encuentra “menguante” o que incluso –tras la retirada del Contrato por el Primer Empleo (CPE)- “ha sufrido un segundo Waterloo en menos de 200 años”. En definitiva, una “Francia reaccionaria” incapaz de “acometer las reformas estructurales para afrontar los retos de la economía globalizada” (2) que posibiliten, tanto una mayor flexibilización, y por tanto una mayor precariedad del mercado laboral, como un aumento del crecimiento económico.

Parece que no hay nada nuevo bajo el sol. Los intelectuales noventayochistas de ayer y la “cohorte de «derrotistas» de derechas” de hoy –pero no sólo estos últimos, como lo demuestra la poca simpatía de la familia socialista europea con las propuestas económicas de los socialistas franceses-, vuelven a coincidir, a pesar de la distancia temporal que los separa (3). Por un lado, en la vuelta a la visión del romanticismo decimonónico según la cual, los pueblos y las naciones se configurarían como un organismo vivo, dotado de un espíritu propio, de un alma o Volksgeist (la nación moribunda de ayer y el organismo comatoso de hoy). Por el otro, en la construcción que desde determinadas elites –políticas, económicas, intelectuales- se realiza de determinados discursos, en principio alejados –y en ocasiones contraproducentes- de las preocupaciones ciudadanas, pero que por su capacidad de influencia en la sociedad, con el tiempo se convierten en hegemónicos. Estos discursos se nos presentan hoy como impugnación de cualquier oposición al pensamiento único dominante. Para ello, como han señalado los profesores Lebaron y Mauger, se dotan de una “nueva retórica reaccionaria”. Retórica que hace suya el léxico progresista y que permite presentarse a “los profetas del neoliberalismo, sus ejecutores políticos y sus turiferarios mediáticos […] como «modernizadores», valerosos innovadores decididos a superar «los lastres», «los bloqueos», «los inmovilismos», «los tabúes» de la sociedad francesa”. Para estos autores, esto ha llevado a la apropiación por la derecha neoliberal de “la modernidad, la reforma, la solidaridad, el realismo, el internacionalismo, etc., esperando hacer pasar una operación claramente reaccionaria por una empresa progresista” (4).

Pero, ¿en qué se materializarían las reformas estructurales en favor de la superación de los inmovilismos? ¿Cuál es el modelo a seguir? Una vez más, el paralelismo con España aparece. El crecimiento económico continuado de nuestro país, por encima incluso de la media de la UE, ha sido presentado por políticos, periodistas y académicos como un modelo a imitar en el resto de Europa. Estos analistas omiten las estadísticas que nos sitúan con la cifra más alta de la Unión Europea (65,3% frente a la media comunitaria de 40,2%) de contratos temporales para asalariados menores de 25 años. Pero como si esta cifra no fuera suficiente, EL PAÍS ha señalado como “sin tener en cuenta la edad, tampoco los datos son mejores. En España, los contratos temporales representan el 33,3%; en la UE no sobrepasan el 14,2%, y en Francia se quedan en el 13,3%” (5). La temporalidad en el empleo, unida a la precariedad –que ha posibilitado la emergencia de los mileuristas primero y de los seiscientoseuristas después (6)-, es uno de los pilares de este aplaudido modelo de crecimiento. El otro de los pilares es lo que algunos califican como el Tsunami urbanizador. Es decir, el aumento espectacular del número de viviendas construidas “hasta finalmente alcanzar las 800.000 viviendas iniciadas en 2005 (la media anual en los noventa fue de 350.000)”. Como señala Ramón Fernández Durán “dicha cifra supera el número de viviendas construidas en Francia, Alemania y Reino Unido juntos, que disponen de una población conjunta cuatro veces mayor aproximadamente a la española y que manifiestan asimismo una renta per cápita considerablemente superior” (7).

Vistas así las cosas, parece que nos encontramos en el caso francés más ante El enfermo imaginario de Molière que ante el organismo comatoso, decadente y reaccionario que otros evocan, sólo porque una parte importante de la ciudadanía –como se demostró con los rechazos al proyecto de Tratado Constitucional europeo y al CPE- ha tomado conciencia de la no inevitabilidad de los cambios. Las manidas reformas responden a decisiones políticas y no vienen dadas o impuestas por leyes naturales que tengamos que aceptar sin solución de continuidad. De esta manera muchos consideramos que lejos de estar enferma, Francia es hoy “un país que resiste” (8).

(1) La creación intelectual del Desastre en Álvarez Junco, José (1997): El nacionalismo español como mito movilizador. Cuatro guerras. En Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea (pp.35-67). Madrid: Alianza Universidad. Sobre la consideración de España como una raza agónica y moribunda véase Esteban de Vega, Mariano (2001): El nacionalismo español, 1878-1936. En Jean-Louis Guereña (coord.), Les Nationalismes dans L´Espagne Contemporaine. Idéologies, Mouvements, Symboles (pp.77-94). París: Editions du Temps.
(2) La expresión “organismo comatoso” en Ramonet, Ignacio, Francia “enferma”, LE MONDE diplomatique, edición española, abril de 2006, portada. La consideración de que Francia se encuentra en “crisis permanente” en Martí Font, J.M., Francia, un año en crisis permanente, EL PAÍS, 7/5/2006, p.9. Respecto a la situación “menguante” del país, véase Ubide, Ángel, La Francia menguante, EL PAÍS, 14/4/2006, p.53. La comparación de la retirada del CPE con Waterloo en Mendo, Carlos, Waterloo, versión 2006, EL PAÍS, 14/4/2006, p.8. La consideración como reaccionaria de la oposición al CPE en Schwartz, Pedro, La Francia reaccionaria, LA VANGUARDIA, 12/4/2006, p.23. La necesidad de abordar reformas estructurales en Editorial, LA VANGUARDIA, 11/4/2006, p.18.
(3) La “cohorte de «derrotistas» de derechas” en Ramonet, Ignacio, op. cit. La crítica de los socialistas europeos al PS en Bresson, Henri de, Chambraud, Cécile y Stroobants, Jean-Pierre, Le regard critique des partis frères en Europe, LE MONDE, 20/11/2005.
(4) Lebaron, Frédéric y Mauger, Gérard, Rebelión contra la precariedad, LE MONDE diplomatique, edición española, abril de 2006, p.32.
(5) Las estadísticas sobre temporalidad en Jiménez Barca, Antonio, Los precarios españoles protestan…pero en París, EL PAÍS, 2/4/2006, p.5 DOMINGO.
(6) El término mileurista aparece como “nueva clase social” a partir de la carta enviada a EL PAÍS (21/8/2005) por Carolina Alguacil. En esta carta lo definía como “aquel joven licenciado, con idiomas, posgrados, másters y cursillos (…) que no gana más de 1.000 euros. Gasta más de un tercio de su sueldo en alquiler, porque le gusta la ciudad. No ahorra, no tiene casa, no tiene coche, no tiene hijos, vive al día… A veces es divertido, pero ya cansa (…)”. Una aproximación al tema en Jiménez Barca, Antonio, La generación de los mil euros, EL PAÍS, 23/10/2006, pp.1-3 DOMINGO. Sobre los seiscientoseuristas véase: http://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/25/ciudadanom/1145966523.html
(7) El crecimiento exponencial del número de viviendas construidas en Fernández Durán, Ramón (2006): El Tsunami urbanizador español y mundial, p.10. Disponible en: http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=4824
(8) Ramonet, Ignacio, op. cit.

¿Por qué un nuevo Estatut?

Artículo publicado en el periódico digital La Voz de Salamanca.

A pesar de que el catalanismo supone anteponer lo propio a lo justo (lo cual lesiona el principio de solidaridad) y definir lo propio desde criterios de identidad (lo cual lesiona el valor del pluralismo), desde posturas progresistas es tan difícil combatirlo como difícil fue en los años setenta denunciar el GULAG: con la misma miopía que entonces se acusaba de capitalista, hoy se acusa de nacionalista español. En ambos casos, sin embargo, lo que se reclama son libertades y derechos(1).

El pasado 30 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Entramos así en la recta final de un proceso estatutario que, durante meses, ha centrado el debate político en España. Cuando se ha opinado hasta la saciedad sobre el Estatut, ¿qué interés puede plantear acercarse, de nuevo, a este oscuro objeto de deseo? Nuestro interés viene motivado por el hecho de que la oposición catastrofista y demagógica empleada contra el texto por el Partido Popular (PP) ha impedido que, desde la izquierda, opinemos de forma crítica hacia un texto, que a muchos –parafraseando el título de un artículo de Santos Juliá- nos ha dejado “sin ningún entusiasmo”(2).

Y es que el mencionado catastrofismo del PP –entendido como una pieza dentro de una estrategia político-mediática más amplia de oposición frontal al Gobierno de Rodríguez Zapatero- ha llevado a la construcción de dicotomías maniqueas del tipo a favor del Estatuto (izquierda), en contra del Estatuto (derecha), alejadas de lo que es una realidad más compleja y plural. El sólo cuestionamiento de ¿por qué un nuevo Estatut?, te encasillaba automáticamente dentro de las posiciones conservadoras. Pero por suerte –para aquellos que defendemos el pensamiento crítico- han existido posturas que –alejadas de los posicionamientos de los populares- cuestionan la necesaria reforma. Una de estas voces es la del Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Francesc de Carreras(3), quien afirma que en el momento de comenzar la reforma “no había, pues, razones consistentes que justificaran un cambio de Estatuto”. Para Carreras “sí había razones ideológicas de fondo por parte de las formaciones nacionalistas. Estas razones eran de dos tipos. Por un lado, la autonomía y el Estatuto son para los nacionalistas meros instrumentos, sólo útiles en la medida en que contribuyen a crear «conciencia nacional» en el largo camino de acceso a la soberanía, su auténtica meta. [...] Por otro lado, el Estado de las autonomías ha evolucionado en un sentido federal, de tal manera que, a excepción de los «hechos diferenciales» definidos en la Constitución, en las demás materias la igualación de competencias prácticamente se ha generalizado. Llegados a este punto, una nación como Cataluña debe diferenciarse del resto de comunidades, especialmente de aquellas que son consideradas como meras regiones”. En similar tono se expresaba meses atrás el ex vicepresidente Alfonso Guerra(4), cuando en una entrevista señalaba, a propósito de la igualación progresiva de las competencias transferidas; “los que querían una diferenciación [Cataluña y País Vasco] vuelven a exigir un escalón más y vuelve el conjunto a exigir la igualación, la equiparación; es una escalera mecánica muy complicada”.

De esta manera, resulta a nuestro juicio lógico que la reivindicación de un mayor grado de autonomía política y financiera –justificándose si es preciso para ello en el falseamiento de la realidad histórica- recayese en formaciones cuya principal pretensión es de tipo nacionalista, catalana en este caso. Menos comprensible –aunque en tiempo de incertidumbres ideológicas para la izquierda, el nacionalismo resulta para algunos un clavo donde agarrarse-, nos resulta la postura del Presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, y de su formación política, el PSC-PSOE. Asistimos sorprendidos a la conversión del PSOE en Cataluña en un partido catalanista. Y es que como han señalado militantes de base del PSC, “el catalanismo es en realidad un nacionalismo «implícito» que gracias precisamente a que no se reconoce como tal puede avanzar sin obstáculos hacia sus metas, que apenas se diferencian de las del nacionalismo explícito que hemos padecido hasta la fecha”(5). Esta continuidad con el pujolismo en la construcción de una Cataluña uniforme y monolítica, que en última instancia lleve a la configuración de un Estado independiente, ha llevado a distintos intelectuales catalanes a plantear que “no se sienten representados por los actuales partidos y manifiestan la necesidad de que un nuevo partido político corrija el déficit de representatividad del Parlamento catalán”(6). Se trata de continuidades tangibles que el día a día nos deja, bien sea en forma de novedades, como las Oficines de garanties lingüístiques, o de encuestas, que llevan a la Generalitat a gastar en poco más de dos años de legislatura “más de 3,5 millones de euros (alrededor de 600 millones de pesetas) en estudios e informes sobre la utilización del catalán en diferentes ámbitos”(7).

Una vez más, como ha sucedido a lo largo de la historia, son las elites políticas las que toman como suyo la preocupación por el sentimiento nacional. La configuración de Estados, la delimitación de fronteras o la invención de naciones han sido procesos en los que las elites dominantes han instrumentalizado a súbditos y ciudadanos en empresas comunes, cuando en el fondo lo que subyacía era un interés de grupo. Porque ahora –a diferencia de lo que sucedía en el proceso de transición a la democracia-, la ciudadanía no reivindica libertad, amnistía, Estatuto de autonomía. Las preocupaciones de los ciudadanos de Cataluña, a tenor de las encuestas publicadas, no difieren de las del conjunto de España. Así que algo pasa cuando aquellos, como José Álvarez Junco, que “tanto hemos admirado la cultura cosmopolita y moderna de los catalanes” les “decepciona el texto que tenemos sobre la mesa”(8), o cuando surge un nuevo partido político, Ciutadans de Catalunya, cuyos principios rectores son la ciudadanía, la libertad e igualdad, el laicismo, el bilingüismo y la Constitución(9). Algo pasa en Cataluña.

(1) ¿Crisis en el PSC-PSOE?, El Viejo Topo, septiembre de 2005, pp.25-35.

(2) JULIÁ, SANTOS: Sin ningún entusiasmo, EL PAÍS, 4/12/2005, pp.12-13.

(3) CARRERAS, FRANCESC DE, El nuevo Estatuto frente a la Constitución, Claves de Razón Práctica, diciembre de 2005, pp.4-11.

(4) ROMERO, JOSÉ MANUEL y AIZPEOLEA, LUIS R., “Hay que tirar del PP hacia una posición común y no empujarlo hacia una posición radical”, EL PAÍS, 20/11/2005, pp.20-21.

(5) ¿Crisis en el PSC-PSOE?, Ibíd.

(6) AZÚA, FÉLIX DE, BOADELLA, ALBERT, CARRERAS, FRANCESC et. al.: Por un nuevo partido político en Cataluña, junio de 2005.

(7) ELLAKURÍA, IÑAKI y LECINA, ROSA: La lengua, bajo lupa, La Vanguardia, 16/3/2006, p.18.

(8) CIUTADANS DE CATALUNYA: Segundo Manifiesto de Ciutadans de Catalunya, marzo de 2006.

(9) ÁLVAREZ JUNCO, JOSÉ: Cataluña vista desde España, EL PAÍS, 15/1/2006, p.15.

La Voz de Salamanca frente a los medios de comunicación en crisis

Artículo publicado en el periódico digital La Voz de Salamanca.

Hace ya más de un año Ignacio Ramonet alertaba –a propósito de lo que sucedía en Francia-, del riesgo que para el pluralismo suponía que la prensa escrita cayera “bajo el control de un pequeño grupo de industriales”(1). Un elocuente ejemplo de esta situación –producto en buena medida de la caída en la difusión de la prensa- es la entrada del financiero Edouard de Rosthschild, “poseedor de uno de los apellidos que el imaginativo popular más identifica con el capitalismo y el poder del dinero”(2), en la sociedad editora del antiguo diario maoísta Libération. Pero, ¿cuáles son las causas que llevan a que Ramonet plantee que los medios de comunicación se encuentren en crisis? El desarrollo de los diarios gratuitos –en una ciudad intermedia como Salamanca se distribuyen dos-, la expansión de Internet que lleva aparejada la emergencia de blogs y de diarios electrónicos, pero sobre todo “la pérdida de credibilidad de la prensa escrita” nos llevarían a esta situación. Pérdida de credibilidad como consecuencia de la conversión de los grandes medios de comunicación en meros “órganos de propaganda”(3). Ejemplo de esta conversión en “órganos de propaganda”, en este caso en uno de los diarios de referencia europeos, lo constituyó el tratamiento editorial y periodístico que de la campaña electoral francesa para la ratificación del Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa realizó EL PAÍS en nuestro país.

Los diarios de referencia tienen una importancia decisiva “en la creación de la opinión y de los estereotipos dominantes”. En general, se identifican “con un proceso fundador de la comunidad nacional a la que pertenecen” como en el caso de EL PAÍS sería la transición a la democracia o en de Le Monde “la voluntad de modernización de Francia después de la segunda guerra mundial”, pretendiendo alcanzar “el rigor en el contenido”, mediante “la contrastación de las fuentes”, “el pluralismo de las opiniones”, “el rechazo de lo sensacional” y “la voluntad de estilo”. Además, en el caso de los diarios mencionados, una de sus características es la de mantener “una posición favorable a la versión institucional de la construcción europea”(4). En el caso de EL PAÍS, este diario suma a su europeísmo la desconfianza ante la elección del referéndum como forma de legitimación de los Tratados Internacionales, como ya mostró en 1992 cuando al socaire del debate generado, fundamentalmente por un sector de Izquierda Unida en España, sobre la conveniencia de ratificar Maastricht mediante una consulta popular, editorializaba: “la dificultad de reducir las diferentes opiniones existentes a la alternativa sí/no conduce a una estilización del debate y a una simplificación de los argumentos tan grande que, en lugar de esclarecer, polariza: crea diferencias donde no las había y coloca a una parte considerable del censo en posición de perdedores. En lugar de reforzar la legitimidad del proceso, se estaría suscitando una confusa y artificial militancia contra él”(5).

Por tercera vez, en casi cincuenta años de integración europea, los franceses estaban convocados a las urnas el 29 de mayo de 2005 para pronunciarse sobre el mencionado proceso. En las anteriores consultas, celebradas con motivo de la Ampliación de las Comunidades Europeas en 1972 y del Tratado de Maastricht (1992), el sí había vencido, aunque por muy estrecho margen en el caso de la ratificación de Maastricht. El apoyo de EL PAÍS a la versión institucional de la construcción europea se muestra ahora, de forma más explícita a lo que había editorializado en anteriores consultas (Dinamarca, Noruega, Irlanda, Francia) con su apuesta explícita por el sí. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en el editorial de la jornada de reflexión en España, previa a la consulta popular sobre la “Constitución Europea”, titulado significativamente Por el sí.

Dejando de lado el partidismo de este periódico reflejado en la descalificación global de los opositores al Tratado, la traca final se produjo la jornada previa a la votación. Sí, por favor –en francés-, fue el titular que EL PAÍS dedicó a la consulta. Ante la cita del 29 de mayo de 2005 apelaba a “la gran responsabilidad que incumbe a cada uno de los votantes franceses”. En el fondo, el tan socorrido argumento poblacional. Resultaba prácticamente inconcebible para este periódico un rechazo a un texto que, hasta el momento de la consulta francesa, había sido refrendado por nueve países y 220 millones de ciudadanos. Idéntica advertencia había realizado un día antes la Comisión Europea. De esta forma la apuesta por el no era entendida como chovinismo para EL PAÍS. Así, consideraba que "cabe pedir a los franceses que piensen en Europa y en Francia como socio de la UE, y no sólo se miren su ombligo". Este diario señalaba en el haber de los franceses la intensidad de su debate, muy rico en comparación con el pobre despertado en España como consecuencia del referéndum del 20 de febrero de 2005. Pero de este interés por informarse el periódico sacaba una conclusión errónea, a nuestro juicio: identificar información con un voto favorable o “razonable” para EL PAÍS, con el fin de “evitar que Francia sumerja a Europa en una profunda crisis”. Finalmente, recurría al argumento estrella, por llamarlo de alguna forma, de los defensores del Tratado: "Lo peor es que si Francia vota no el domingo, la Unión entrará en un trance de imprevisibles consecuencias. No hay plan B. Y si lo hubiera, sería derrotista anunciarlo de antemano. Por tanto, amigos franceses: Oui, s’il vous plait".

Pero este panorama que acabamos de trazar no se circunscribe solamente a un diario del prestigio de EL PAÍS. La crisis de los medios de comunicación es también perceptible en nuestro entorno más cercano, en Salamanca. No hablamos de una concentración empresarial, que a modo de monopolio, controle las cabeceras de los periódicos, las radios o las televisiones. Nos referimos a una concentración ideológica, es decir, a la transformación de la práctica totalidad de los medios de comunicación de nuestra ciudad y provincia en órganos de propaganda al servicio del poder establecido. Por suerte, todavía hay ciudadanos que de manera altruista impulsan espacios para la disidencia y la lucha contra el pensamiento único –como La Voz de Salamanca-, que nos permiten seguir soñando con lograr que “otra Salamanca sea posible”.

(1) RAMONET, IGNACIO: Medios de comunicación en crisis, LE MONDE diplomatique. Edición española, enero de 2005, pp.1 y 26-27.

(2) MARTÍ FONT, J. M.: Rotschild entra en Libération con la promesa de no intervenir en la línea del diario, EL PAÍS, 24/01/2005.

(3) RAMONET, IGNACIO: Ibíd.

(4) VIDAL-BENEYTO, JOSÉ: “Le Monde” y los diarios de referencia, EL PAÍS, 05/07/2004, p.32.

(5) EDITORIAL:...pasando por Madrid, EL PAÍS, 13/09/1992.

(6) EDITORIAL: Por el sí, EL PAÍS, 19/02/2005, p.12.

(7) EDITORIAL: Oui, s´il vous plait, EL PAÍS, 28/05/2005, p.14.