¿El año del fin del consenso?

Artículo publicado en el nº 277 del periódico independiente La Voz de La Palma, del 11 al 17 de mayo de 2007.

Llama a la destrucción “progreso” y nadie se te opondrá
(El Roto, EL PAÍS, 10/10/2006)

La noticia de la negativa, tanto del alcalde de la localidad abulense de Las Navas del Marqués, como de la Junta de Castilla y León, a cumplir –hasta la intervención del fiscal de Medio Ambiente- con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que impedía la construcción en un pinar protegido de una urbanización, llevó a Andrés Rábago, “El Roto” a escribir en su viñeta diaria la cita que abre el texto. En España, pero no sólo, muchos políticos y empresarios han contribuido a la destrucción del medio ambiente con el fin de obtener el ansiado progreso que su Comunidad, Provincia, Isla o Municipio demanda. Hasta el año 2006 en nuestra Isla esa especie de consenso social, que antepone el desarrollo –generalmente, de unos cuantos- que supuestamente proporciona toda infraestructura de transporte a cualquier medida de respeto y protección de la Naturaleza gozaba de buena salud. Las ampliaciones del aeropuerto de Mazo y del puerto de Tazacorte, la construcción del viaducto de Los Sauces o la obra de un segundo túnel de la Cumbre son, y fueron, auténticos megraproyectos, en los que el conjunto de las administraciones del Estado han invertido cuantiosas cantidades de dinero público sin haberse abierto previamente un proceso participativo en la toma de decisiones que nos llevara a cuestionar la supuesta rentabilidad, no sólo económica, sino también social y ambiental, que este tipo de proyectos supuestamente generan.

En este contexto ha sido esperanzador para una buena parte de la sociedad palmera –entre los que me incluyo-, el desarrollo de iniciativas ciudadanas como las llevadas a cabo por la Asamblea Ecologista y por la Plataforma Ciudadana de La Palma. A pesar de que sus integrantes han sido acusados por miembros de la clase política y empresarial dirigente de “intentar engañar a la gente, defendiendo intereses particulares”, calificados de “iluminados” e incluso invitados a “que nos dejen en paz”, sus iniciativas han conseguido abrir en la Isla el debate –no sólo sobre las idoneidad, o no, de determinadas infraestructuras viarias, que también lo han hecho- sobre el modelo de desarrollo de la Isla que los ciudadanos queremos para los próximos años, algo que les ha permitido romper con el consenso hasta entonces institucionalizado. El alto número de alegaciones presentadas por los vecinos de El Paso (1660) y de Breña Alta (2120) a sus respectivos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que contemplaban, en su fase inicial, una reserva de suelo para la construcción de una autovía de cuatro carriles, muestran –al igual que el millar presentadas al Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística Insular (PTE) con sus hoteles, campos de golf y puertos deportivos o las miles presentadas al PGOU de Santa Cruz de La Palma-, la concienciación de una nada desdeñable parte de la ciudadanía de que las obras proyectadas, lejos de traer el bienestar y el progreso supondrían, como reflejaba el Manifiesto del 16 de noviembre de 2006, “cambios que afectarían de forma irreversible a la población, la economía y el medio ambiente” de La Palma.

Pero como acertadamente, a nuestro juicio, señaló en una entrevista Ramón Trujillo, Coordinador de Izquierda Unida en Tenerife, “la crítica social, si pierde de vista las elecciones, es cómoda para el sistema”. A unas semanas de las elecciones municipales y autonómicas observamos como la mencionada crítica no ha articulado, como sí ha sucedido en otros lugares, una formación capaz de canalizar, políticamente, las reivindicaciones que han socavado el consenso, más allá del apoyo que pequeños partidos como Iniciativa por La Palma o Izquierda Unida hayan podido dar. En este contexto, puede darse la paradoja de que la ruptura del consenso social, respecto al modelo de desarrollo de la Isla, no tenga su correlato en las instituciones, lo que contribuirá a aumentar, todavía más, la brecha existente entre el conjunto de la ciudadanía y sus representantes.