Contra el pensamiento único

Presidenciales francesas: El triunfo de los declinólogos

2007-10-12T14:36:00.000Z

Artículo publicado en el periódico digital La Voz de Salamanca, 12 de octubre de 2007.

José Vidal-Beneyto nos recuerda la importancia de “estudiar [...] los mecanismos que utilizan [los] poderes para crear y difundir los contenidos que convienen a sus intereses”. El propio Vidal-Beneyto, a finales de los años setenta, coordinó diversos estudios que confirmaron la hipótesis de que “la comunicación mediática no reproducía y representaba la realidad tal y como era, sino que la producía y acababa imponiéndola”. De esta manera, “la realidad mediática así gestada era más real que la realidad convencional porque era más productora de efectos de realidad” (1). En los últimos años, un caso paradigmático de producción de la realidad por los medios de comunicación, culminado en el tratamiento informativo de las ultimas elecciones presidenciales, ha sido el de la crisis o declive de Francia.

Los llamados declinólogos han conseguido transmitir a la opinión pública, con notable eficacia tanto la idea del declive de Francia como la de que el país necesitaba políticos que desarrollaran, en palabras de Nicolas Baverez –su principal ideólogo-, “una terapia de choque”. Así, las presidenciales de mayo se convertían en una oportunidad para establecer, como solicitaba la patronal, una ruptura con la situación anterior que permitiera “abordar reformas profundas” (2). Un crecimiento económico inferior al de otros Estados de la Unión Europea, un mercado de trabajo excesivamente regulado, una supuesta pérdida de peso en la política internacional y en la influencia cultural del francés o la existencia de un partido como el Frente Nacional –capaz de alcanzar 5.525.034 votos, el 17,73%, en la segunda vuelta de las presidenciales de 2002- como manifestación de la crisis en la que se encontraría el sistema político de la V República, serían algunos de los ejes sobre los que pivotaría la supuesta decadencia de Francia.

La decadencia que con cifras otros autores se encargan de desmentir, o por lo menos cuestionar, como hacen Cecilia Ballesteros y Andrés Pérez en un artículo publicado en la edición española de la revista Foreing Policy (3), no es más que una cortina de humo, un pretexto para la aplicación, en lo económico, de un programa de reformas neoliberales que, en mayor o menor grado, los distintos gobiernos franceses habían logrado aplazar. Pero lo que resulta chocante, o cuanto menos paradójico, es que discursos como el de Baverez, partidario de Nicolas Sarkozy, y por tanto, propios de una determinada opción política –por mucho que se hable ahora de la apertura, l'ouverture, por la inclusión de antiguos cargos socialistas en el nuevo gobierno- hayan calado, a izquierda y derecha, dentro y fuera de Francia, en cualquier análisis que se realice sobre país vecino. De esta manera, para Felipe González, en la segunda vuelta de las presidenciales se dirimiría “más que la batalla por el centro, [...] la batalla por la modernización frente al continuismo”. Pero, ¿qué entienden por modernización el ex presidente español y todos aquellos adeptos a las tesis de la crisis francesa? Llevar a cabo “la modernización institucional del Estado y las reformas estructurales de una economía corporativizada que pierde capacidad de crecer y competir” (4).

Resulta representativo de esta aceptación masiva y acrítica de la corriente declinóloga, casi como si un dogma se tratara, el que la práctica totalidad de los editoriales de diarios españoles coincidiera en señalar, tras la victoria de Sarkozy, dos de las ideas-fuerza del ideario de los declinólogos: Que las políticas llevadas a cabo por los distintos gobiernos, durante los últimos treinta años, habían llevado al declive del país. Y que para romper con la “inercia del gaullismo” heredada había que realizar reformas modernizadoras. Así, desde El País se consideraba que para el nuevo presidente “su reto inmediato es que Francia salga unida y fuerte de su crisis real y psicológica”. Por tanto, “es de esperar que Sarkozy logre con sus reformas sacar a Francia este agujero en el que se ha metido por sí sola”. El objetivo, hacer que el enfermo francés recupere “su plena vitalidad intelectual, social y económica”. Este binomio, crisis-reformas, aparece también en El Mundo: “La crisis actual se ha incubado durante casi tres décadas de inmovilismo”, obteniendo la victoria quien “hizo campaña prometiendo reformas profundas en una economía que las pide a gritos”. En esta línea, para el Abc, “sin ocultarlo, [Sarkozy] se ha comprometido nada menos que a cambiar las cosas después de tantos años de esclerosis, a romper la deriva relativista que inunda la vida intelectual francesa desde Mayo de 1968”. Y es que, según La Razón, “con la elección del aspirante liberal a la cabeza del Estado, Francia se hizo mayor”, abriéndose “una puerta a la modernización” que llevara a “reformar el mastodonte chirriante de la economía gala”. También, para La Vanguardia, los franceses habían “elegido romper con el pasado”, apostando por “el inicio de una era de cambios que se presume capital para revitalizar la economía y las instituciones francesas”, siendo “la gran prueba de fuego [...] la aplicación de las reformas económicas liberales que ha prometido” (5).

Pero, ¿de qué “cambio regenerador que el país necesita” hablamos? ¿En qué consisten las “reformas profundas” que “pide a gritos” la economía? ¿Forman parte de la agenda de todas las opciones políticas o, por el contrario, responden a una determinada concepción política e ideológica? En principio, el adelgazamiento o desmantelamiento del Estado del Bienestar no debería ser una opción defendida por posturas socialdemócratas, por lo menos antes de la llegada de la Tercera Vía; más bien sería tarea de los partidos conservadores y liberales, en el caso que nos ocupa de una “derecha sin complejos” que con “Sarkozy, a pesar de su perfil gaullista, se aleja de algunas de las inquietudes sociales características de la Quinta República y es más sensible a la adecuación del Estado a la globalización y a los desafíos de las sociedades posindustriales” (6). Y a esto, a modificar el modelo social francés, y no a otra cosa como curar una supuesta enfermedad de la sociedad francesa, es a lo que ha dedicado sus primeros meses de gobierno el presidente galo.

¿Y la izquierda? ¿Qué hace frente a la hiperactividad legislativa del presidente de la República? Por un lado, la izquierda de la izquierda, atomizada e incapaz de ofrecer al ciudadano una alternativa anticapitalista unitaria. Por el otro, algunos miembros del Partido Socialista, como Ségolène Royal, emplazando a “profundizar en la renovación de la izquierda y en la búsqueda de nuevas convergencias más allá de las fronteras actuales”, rechazando algunas propuestas de su programa –aumento del salario mínimo hasta los 1.500 euros o generalización de la semana laboral de 35 horas- por considerarlas que “no eran creíbles” y, por último, asumiendo el discurso de las reformas, no suficientes para la socialista, ya que según ella “frente a esta impresión de movimiento, lo que en realidad amenaza a nuestro país es el inmovilismo”. Para la ex candidata al Elíseo lo prioritario es llevar a cabo una “renovación profunda de nuestros métodos y algunas de nuestras ideas, en la fidelidad a nuestros valores”. Se trataría de efectuar una tarea de modernización, lo que para la izquierda suele traducirse por derechización y sustitución de sus principios ideológicos por otros: “El mercado nos es tan natural como el aire que respiramos” (7), afirmó Royal en la fiesta de la rosa de Melle.

(1) La importancia de estudiar los mecanismos de creación y difusión de los contenidos en La comunicación, entre el rumor y la provocación, El País, 18/2/2006. Las reflexiones sobre la producción de la realidad en Marzo del 2006 no es Mayo del 68/1, El País, 1/4/2006.

(2) La idea de “una terapia de choque” en la entrevista Sarkozy es el antídoto contra la guerra civil, La Vanguardia, 27/4/2007. Las “reformas profundas” en Lluís Uría, La patronal francesa insta a los candidatos al Elíseo a abordar reformas profundas, La Vanguardia, 26/1/2007.

(3) Ejemplos de autores que cuestionan la decadencia, Cecilia Ballesteros, y Andrés Pérez (2006): ¿Decadencia francesa? En Foreing Policy. Edición Española, nº 18, p.14-19

(4) Felipe González, Cuál es la batalla, El País, 26/4/2007

(5) Los entrecomillados de este párrafo –a excepción de la referencia a la “inercia del gaullismo”, que corresponde al artículo de Francesc de Carreras, Modernizar Francia (La Vanguardia, 10/4/2007)-, referidos a los editoriales de los periódicos que se citan, son del 7 de mayo de 2007.

(6) El “cambio regenerador que el país necesita” en el editorial Sarkozy, hacia una nueva Francia, Abc. Las “reformas profundas” que “pide a gritos” la economía en Francia se pronuncia masivamente por la claridad de Sarkozy, El Mundo. La “derecha sin complejos” en Francia: derecha sin complejos, La Razón. El cambio en las políticas gaullistas en Francia elige cambio y derecha, El Periódico de Cataluña.

(7) La “renovación de la izquierda” en Lluís Uria, La derrota abre en el PS el debate sobre la renovación ideológica y las alianzas, La Vanguardia, 7/5/2007. La crítica de Royal a algunas de sus propuestas electorales en J.M. Martí Font, Royal acusa al PS de imponerle propuestas electorales "no creíbles", El País, 22/6/2007. Para la “renovación profunda de nuestros métodos” en Lluís Uria, Ségolène Royal regresa como una “mujer nueva” y decidida a encabezar la renovación del PS, La Vanguardia, 26/8/2007.

El excluido no tiene quien le represente

2007-09-09T20:01:00.000Z

Artículo publicado en el periódico digital La Voz de Salamanca, 9 de septiembre de 2007.

Se aseó en una fuente cercana, desayunó en la Casa de Acogidas de Cáritas y se dispuso, como casi todos los días, a leer algún periódico [...] Por allí era bastante conocido, sobre todo por su cartel de “Empresario en paro, solicita ayuda”, que solía utilizar. Era época de elecciones, y le podía venir bien conocer las ofertas. A él le daban todos igual, pero tal vez en alguno de los mítines le podía caer algo, aunque no fuese más que poniendo y quitando sillas, o ayudando con la megafonía.
José Luis González Martínez, Elecciones, Diario de Avisos, 21/8/2007, p.6.

Como el coronel de García Márquez que no tienen quién le escriba, el excluido social parece que se encuentra sin que nadie, desde el ámbito político, aspire a representarle. Más allá de algunas referencias genéricas en programas y campañas electorales, la condición de no-ciudadanos de este colectivo hace que no formen parte de las ofertas electorales de los partidos políticos. Pero la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2005 del Instituto Nacional de Estadística situaba en 19,8 el porcentaje de la población española que vivía por debajo del umbral de la pobreza, cifrado en 6.347 euros al año (1). Es decir, uno de cada cinco españoles se encuentra en riesgo de exclusión social. Este concepto “engloba a la pobreza pero va más allá; la exclusión social se define también por la imposibilidad de acceder a los mecanismos de desarrollo personal e inserción socio-comunitaria y a los sistemas preestablecidos de protección”(2).

A diferencia de lo que sucede en los países subdesarrollados, donde predomina la pobreza extrema y moderada, en los a priori opulentos Estados de la Europa comunitaria prevalece la pobreza relativa que indican las cifras arriba mencionadas. Pobreza relativa que impide desde tener vacaciones a ir al cine o comprar una vivienda y que también coexiste con formas extremas de exclusión social, como es el caso de la población sin techo. Pero no debemos entender la exclusión social, y la pobreza en sus diversas manifestaciones, como una realidad ajena a nuestra ciudad, provincia o comunidad autónoma (3). Así, para la provincia de Salamanca, Cruz Roja señala que “al menos 90.000 [personas] se encuentran en situación de vulnerabilidad, el 9% tiene alguna discapacidad y 1.000 son transeúntes o personas sin ningún recurso”. Según estas cifras, más del 24% de la población salmantina está en riesgo de exclusión social. Por su parte Cáritas sitúa en 65.300 personas, unos 14.500 hogares, el número de ciudadanos que se sitúan, en nuestra provincia, bajo el umbral de la pobreza (4).

Ante esta situación, ¿nuestros representantes políticos proponen planes integrales que desarrollen políticas públicas orientadas al debilitamiento de los factores generadores de la exclusión social y a la prevención y atención de colectivos y territorios susceptibles de integrar ese fenómeno? O, por el contrario, actúan como la mayoría de los ciudadanos, bajando la cabeza, apurando el paso y mirando para otro lado cuando topamos de frente con la pobreza y, en el mejor de los casos, subvencionando la labor asistencialista de algunas ONGs. Coincido con aquellos para los que “la exclusión social no está inscrita de forma fatalista en el destino de ninguna sociedad. Como no lo está ningún tipo de desigualdad o marginación. Al contrario, la exclusión es susceptible de ser abordada desde los valores, desde la acción colectiva, desde la práctica institucional y desde las políticas públicas” (5).

Abordar esta tarea desde las políticas públicas resulta una tarea inaplazable, sobre todo para los partidos que se reclaman de izquierda, ya que, a diferencia de lo sucedido en el siglo XIX con la formación de los partidos obreros, no parece que los excluidos vaya a organizarse políticamente en un futuro inmediato. Sólo cuando la lucha contra la exclusión social forme parte de la agenda de estos partidos, el excluido de la cita con la que iniciábamos el artículo dejará de considerarlos a “todos igual” porque entonces tendrá, por fin, alguien que le represente.

(1) Abellán, L., Casi el 20% de la población española se sitúa por debajo del umbral de la pobreza, EL PAÍS, 29/11/2006, p.89.

(2) Brugué, Quim, Goma, Ricard y Subirats, Joan (2002): De la pobreza a la exclusión social. Nuevos retos para las políticas públicas, Revista Internacional de Sociología, Tercera Época, nº33, p.10.

(3) Belaza, M.C. y Junquera, N., La pobreza relativa de los españoles, EL PAÍS, 11/12/2006, p.41.

(4) Véase Prieto, Olga, Cruz Roja calcula que 90.000 personas están en riesgo de exclusión social, El Adelanto, 28/2/2007, p.5 y Alonso Torrens, Francisco Javier (dir.) (2006): Salamanca: retos, posibilidades y esperanzas: un estudio de la realidad sociodemográfica, laboral y económica de Salamanca y su provincia. Cáritas Española: Madrid, p. 100.

(5) Brugué, Quim, Goma, Ricard y Subirats, Joan, op. cit., p.12.

¿El año del fin del consenso?

2007-06-12T15:27:00.000Z

Artículo publicado en el nº 277 del periódico independiente La Voz de La Palma, del 11 al 17 de mayo de 2007.

Llama a la destrucción “progreso” y nadie se te opondrá
(El Roto, EL PAÍS, 10/10/2006)

La noticia de la negativa, tanto del alcalde de la localidad abulense de Las Navas del Marqués, como de la Junta de Castilla y León, a cumplir –hasta la intervención del fiscal de Medio Ambiente- con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que impedía la construcción en un pinar protegido de una urbanización, llevó a Andrés Rábago, “El Roto” a escribir en su viñeta diaria la cita que abre el texto. En España, pero no sólo, muchos políticos y empresarios han contribuido a la destrucción del medio ambiente con el fin de obtener el ansiado progreso que su Comunidad, Provincia, Isla o Municipio demanda. Hasta el año 2006 en nuestra Isla esa especie de consenso social, que antepone el desarrollo –generalmente, de unos cuantos- que supuestamente proporciona toda infraestructura de transporte a cualquier medida de respeto y protección de la Naturaleza gozaba de buena salud. Las ampliaciones del aeropuerto de Mazo y del puerto de Tazacorte, la construcción del viaducto de Los Sauces o la obra de un segundo túnel de la Cumbre son, y fueron, auténticos megraproyectos, en los que el conjunto de las administraciones del Estado han invertido cuantiosas cantidades de dinero público sin haberse abierto previamente un proceso participativo en la toma de decisiones que nos llevara a cuestionar la supuesta rentabilidad, no sólo económica, sino también social y ambiental, que este tipo de proyectos supuestamente generan.

En este contexto ha sido esperanzador para una buena parte de la sociedad palmera –entre los que me incluyo-, el desarrollo de iniciativas ciudadanas como las llevadas a cabo por la Asamblea Ecologista y por la Plataforma Ciudadana de La Palma. A pesar de que sus integrantes han sido acusados por miembros de la clase política y empresarial dirigente de “intentar engañar a la gente, defendiendo intereses particulares”, calificados de “iluminados” e incluso invitados a “que nos dejen en paz”, sus iniciativas han conseguido abrir en la Isla el debate –no sólo sobre las idoneidad, o no, de determinadas infraestructuras viarias, que también lo han hecho- sobre el modelo de desarrollo de la Isla que los ciudadanos queremos para los próximos años, algo que les ha permitido romper con el consenso hasta entonces institucionalizado. El alto número de alegaciones presentadas por los vecinos de El Paso (1660) y de Breña Alta (2120) a sus respectivos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que contemplaban, en su fase inicial, una reserva de suelo para la construcción de una autovía de cuatro carriles, muestran –al igual que el millar presentadas al Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística Insular (PTE) con sus hoteles, campos de golf y puertos deportivos o las miles presentadas al PGOU de Santa Cruz de La Palma-, la concienciación de una nada desdeñable parte de la ciudadanía de que las obras proyectadas, lejos de traer el bienestar y el progreso supondrían, como reflejaba el Manifiesto del 16 de noviembre de 2006, “cambios que afectarían de forma irreversible a la población, la economía y el medio ambiente” de La Palma.

Pero como acertadamente, a nuestro juicio, señaló en una entrevista Ramón Trujillo, Coordinador de Izquierda Unida en Tenerife, “la crítica social, si pierde de vista las elecciones, es cómoda para el sistema”. A unas semanas de las elecciones municipales y autonómicas observamos como la mencionada crítica no ha articulado, como sí ha sucedido en otros lugares, una formación capaz de canalizar, políticamente, las reivindicaciones que han socavado el consenso, más allá del apoyo que pequeños partidos como Iniciativa por La Palma o Izquierda Unida hayan podido dar. En este contexto, puede darse la paradoja de que la ruptura del consenso social, respecto al modelo de desarrollo de la Isla, no tenga su correlato en las instituciones, lo que contribuirá a aumentar, todavía más, la brecha existente entre el conjunto de la ciudadanía y sus representantes.

Debate La reforma universitaria

2006-11-26T18:55:00.000Z

Presentación del Debate La reforma universitaria en el que participaron César Luena, Secretario de Política Estudiantil y Reivindicativa de las JSE y Presidente de FAEST y Janet Sanz, Responsable de Educación y Universidades de JEV-JIC y miembro de AEP. Salon de Grados, Facultad de Derecho de la Usal, 23 de noviembre de 2006.

Buenas tardes y gracias por asistir,

Recientemente, los representantes de los Consejos sociales de las universidades españolas han señalado la necesidad de que las tasas de matrícula se acerquen al coste real de la enseñanza que reciben los alumnos, y que esto se acompañe con una subida equivalente de la dotación de becas y un plan de préstamos-renta. También plantean la necesidad de incorporar procedimientos profesionales y equipos especializados en la captación de fondos privados para las universidades, como son las aportaciones empresariales y las donaciones altruistas.

Aumento de tasas de matrícula, préstamos-renta, procedimientos profesionales, captación de fondos privados, aportaciones empresariales. Ante estas "palabras clave" extraídas de las consideraciones de los representantes de los Consejos sociales de las universidad españolas, cabe preguntarse si el proceso de reformas educativas en el que nos vemos inmersos -reforma de la LOU y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)- no nos conducirá, todavía más, a una mercantilización de la Universidad pública, con todo lo que ello conlleva.

La presencia hoy, del mundo empresarial y de sus criterios en la universidad española es clara. Sólo tenemos que echar mano a nuestra cartera y buscar lo que, a nuestro juicio, debería ser el carné universitario, y que, lamentablemente, se ha convertido en una tarjeta de crédito de una banco. También hemos asistido a una progresiva transferencia de servicios -como por ejemplo en esta casa, el servicio de fotocopias- antes gestionados directamente por las propias universidades, y hoy desempeñados por la iniciativa privada. Conocemos las consecuencias socio-laborales de estos procesos, así como el del fomento en la contratación de profesores asociados que ha dado lugar a que en la Universidad de Salamanca, entre septiembre de 2005 y mayo de 2006, se hayan desarrollado 106 concursos para la provisión de plazas de esta categoría frente a 42 de ayudantes.

En este contexto, ¿por qué Bolonia? ¿para qué Bolonia? ¿Para fortalecer la Universidad pública como servicio público o para introducir, todavía más, las empresas en la universidad? ¿Para formar ciudadanos o para contribuir a una inserción inmediata de los jóvenes a un mercado laboral? ¿Para asegurar un mapa de titulaciones que fomente la utilidad social del conocimiento o para eliminar las carreras menos competitivas?

Interrogantes todos ellos que los estudiantes, pero también el conjunto de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, creo, nos debemos plantear; máxime si cuatro años antes de firmarse la Declaración de la Sorbona, en 1998, precursora de la Declaración de Bolonia de 1999 que sienta las bases del EEES, la European Round Table of Industrialists (ERT) o Mesa Redonda de los Empresarios Europeos, lobby que agrupa a ejecutivos de multinacionales como Nestlé, British Telecom, Total, Renault, Siemens, entre otras, publicaba en Educación para los europeos. Hacia la sociedad del aprendizaje lo siguiente:

El objetivo de este informe es simplemente presentar la visión de los empresarios respecto a cómo ellos creen que los procesos de educación y aprendizaje en su conjunto pueden adaptarse para responder de una manera más efectiva a los retos económicos y sociales del momento.

La ERT espera que añadiendo la visión práctica de la empresa a las bien documentadas opiniones de los especialistas en este campo, se pueda ayudar a provocar los urgentes cambios que, a nuestro juicio, requieren en la actualidad los sistemas educativos europeos.

Así que para provocar esta reflexión en la Universidad de Salamanca e intentar proporcionar toda la información que exige un asunto de esta magnitud, más allá de fijar un posicionamiento, Unidad Estudiantil (UNE) ha organizado este debate sobre "La reforma universitaria". Hoy contamos con César Luena, Responsable de Educación de las Juventudes Socialistas de España y Presidente de la Federación de Asociaciones Estudiantes de Estudiantes Progresistas y de Janet Sanz, Responsable de Educación de Joves d´Esquerra Verda y miembro de la Associació d´Estudiants Progressistes de Catalunya, a los que agradecemos su presencia hoy en Salamanca.

Sin más, les cedo la palabra.

El enfermo imaginario: reflexiones sobre la “crisis” francesa

2006-07-04T23:16:00.000Z

Artículo publicado en el periódico digital La Voz de Salamanca, 4 de julio de 2006.

Publicado, sin cita inicial y notas, en el nº 257 del periódico independiente La Voz de La Palma, del 14 de julio al 9 de agosto de 2006.

Ni siquiera se trata ya de eliminar la legislación laboral y aplicar el código de comercio. El ideal de muchos conservadores es la ausencia total de regulación: te contrato porque quiero, te pago lo que quiero y te despido cuando quiero. ¿Para qué ni siquiera un contrato en papel, si basta con uno implícito? ¿Por qué no van a trabajar los niños vendiendo flores, haciendo alfombras o como soldados? ¿Qué es eso de las cotizaciones sociales?
David Anisi, El fallido contrato de primer empleo, TRIBUNA DE SALAMANCA, 4/5/2006, p.2 Suplemento Paraninfo

La pérdida, en 1898, de las últimas posesiones españolas en el Pacífico –Filipinas- y América –Cuba y Puerto Rico-, llevó a parte de las elites intelectuales del país a calificar de Desastre estos acontecimientos. Pero como ha señalado José Álvarez Junco, esta crisis de la conciencia nacional, generada a raíz de la derrota española ante Estados Unidos, sería más propia “de las elites intelectuales”, que de “las capas populares, a las que no se había socializado intensamente en una identidad española”. Con todo, “para la minoría más instruida, España no sería sólo, ni sobre todo, una nación en «crisis», «decadente» o «degenerada», sino una raza en pleno declive físico, biológico, que había tocado fondo, «agónica», «moribunda» (1). En 2006, el “organismo comatoso” no es España, sino Francia. Una Francia que para algunos –desde nuestro país, pero también desde el hexágono como ha descrito Ignacio Ramonet-, lleva “un año en crisis permanente”, que para otros se encuentra “menguante” o que incluso –tras la retirada del Contrato por el Primer Empleo (CPE)- “ha sufrido un segundo Waterloo en menos de 200 años”. En definitiva, una “Francia reaccionaria” incapaz de “acometer las reformas estructurales para afrontar los retos de la economía globalizada” (2) que posibiliten, tanto una mayor flexibilización, y por tanto una mayor precariedad del mercado laboral, como un aumento del crecimiento económico.

Parece que no hay nada nuevo bajo el sol. Los intelectuales noventayochistas de ayer y la “cohorte de «derrotistas» de derechas” de hoy –pero no sólo estos últimos, como lo demuestra la poca simpatía de la familia socialista europea con las propuestas económicas de los socialistas franceses-, vuelven a coincidir, a pesar de la distancia temporal que los separa (3). Por un lado, en la vuelta a la visión del romanticismo decimonónico según la cual, los pueblos y las naciones se configurarían como un organismo vivo, dotado de un espíritu propio, de un alma o Volksgeist (la nación moribunda de ayer y el organismo comatoso de hoy). Por el otro, en la construcción que desde determinadas elites –políticas, económicas, intelectuales- se realiza de determinados discursos, en principio alejados –y en ocasiones contraproducentes- de las preocupaciones ciudadanas, pero que por su capacidad de influencia en la sociedad, con el tiempo se convierten en hegemónicos. Estos discursos se nos presentan hoy como impugnación de cualquier oposición al pensamiento único dominante. Para ello, como han señalado los profesores Lebaron y Mauger, se dotan de una “nueva retórica reaccionaria”. Retórica que hace suya el léxico progresista y que permite presentarse a “los profetas del neoliberalismo, sus ejecutores políticos y sus turiferarios mediáticos […] como «modernizadores», valerosos innovadores decididos a superar «los lastres», «los bloqueos», «los inmovilismos», «los tabúes» de la sociedad francesa”. Para estos autores, esto ha llevado a la apropiación por la derecha neoliberal de “la modernidad, la reforma, la solidaridad, el realismo, el internacionalismo, etc., esperando hacer pasar una operación claramente reaccionaria por una empresa progresista” (4).

Pero, ¿en qué se materializarían las reformas estructurales en favor de la superación de los inmovilismos? ¿Cuál es el modelo a seguir? Una vez más, el paralelismo con España aparece. El crecimiento económico continuado de nuestro país, por encima incluso de la media de la UE, ha sido presentado por políticos, periodistas y académicos como un modelo a imitar en el resto de Europa. Estos analistas omiten las estadísticas que nos sitúan con la cifra más alta de la Unión Europea (65,3% frente a la media comunitaria de 40,2%) de contratos temporales para asalariados menores de 25 años. Pero como si esta cifra no fuera suficiente, EL PAÍS ha señalado como “sin tener en cuenta la edad, tampoco los datos son mejores. En España, los contratos temporales representan el 33,3%; en la UE no sobrepasan el 14,2%, y en Francia se quedan en el 13,3%” (5). La temporalidad en el empleo, unida a la precariedad –que ha posibilitado la emergencia de los mileuristas primero y de los seiscientoseuristas después (6)-, es uno de los pilares de este aplaudido modelo de crecimiento. El otro de los pilares es lo que algunos califican como el Tsunami urbanizador. Es decir, el aumento espectacular del número de viviendas construidas “hasta finalmente alcanzar las 800.000 viviendas iniciadas en 2005 (la media anual en los noventa fue de 350.000)”. Como señala Ramón Fernández Durán “dicha cifra supera el número de viviendas construidas en Francia, Alemania y Reino Unido juntos, que disponen de una población conjunta cuatro veces mayor aproximadamente a la española y que manifiestan asimismo una renta per cápita considerablemente superior” (7).

Vistas así las cosas, parece que nos encontramos en el caso francés más ante El enfermo imaginario de Molière que ante el organismo comatoso, decadente y reaccionario que otros evocan, sólo porque una parte importante de la ciudadanía –como se demostró con los rechazos al proyecto de Tratado Constitucional europeo y al CPE- ha tomado conciencia de la no inevitabilidad de los cambios. Las manidas reformas responden a decisiones políticas y no vienen dadas o impuestas por leyes naturales que tengamos que aceptar sin solución de continuidad. De esta manera muchos consideramos que lejos de estar enferma, Francia es hoy “un país que resiste” (8).

(1) La creación intelectual del Desastre en Álvarez Junco, José (1997): El nacionalismo español como mito movilizador. Cuatro guerras. En Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea (pp.35-67). Madrid: Alianza Universidad. Sobre la consideración de España como una raza agónica y moribunda véase Esteban de Vega, Mariano (2001): El nacionalismo español, 1878-1936. En Jean-Louis Guereña (coord.), Les Nationalismes dans L´Espagne Contemporaine. Idéologies, Mouvements, Symboles (pp.77-94). París: Editions du Temps.
(2) La expresión “organismo comatoso” en Ramonet, Ignacio, Francia “enferma”, LE MONDE diplomatique, edición española, abril de 2006, portada. La consideración de que Francia se encuentra en “crisis permanente” en Martí Font, J.M., Francia, un año en crisis permanente, EL PAÍS, 7/5/2006, p.9. Respecto a la situación “menguante” del país, véase Ubide, Ángel, La Francia menguante, EL PAÍS, 14/4/2006, p.53. La comparación de la retirada del CPE con Waterloo en Mendo, Carlos, Waterloo, versión 2006, EL PAÍS, 14/4/2006, p.8. La consideración como reaccionaria de la oposición al CPE en Schwartz, Pedro, La Francia reaccionaria, LA VANGUARDIA, 12/4/2006, p.23. La necesidad de abordar reformas estructurales en Editorial, LA VANGUARDIA, 11/4/2006, p.18.
(3) La “cohorte de «derrotistas» de derechas” en Ramonet, Ignacio, op. cit. La crítica de los socialistas europeos al PS en Bresson, Henri de, Chambraud, Cécile y Stroobants, Jean-Pierre, Le regard critique des partis frères en Europe, LE MONDE, 20/11/2005.
(4) Lebaron, Frédéric y Mauger, Gérard, Rebelión contra la precariedad, LE MONDE diplomatique, edición española, abril de 2006, p.32.
(5) Las estadísticas sobre temporalidad en Jiménez Barca, Antonio, Los precarios españoles protestan…pero en París, EL PAÍS, 2/4/2006, p.5 DOMINGO.
(6) El término mileurista aparece como “nueva clase social” a partir de la carta enviada a EL PAÍS (21/8/2005) por Carolina Alguacil. En esta carta lo definía como “aquel joven licenciado, con idiomas, posgrados, másters y cursillos (…) que no gana más de 1.000 euros. Gasta más de un tercio de su sueldo en alquiler, porque le gusta la ciudad. No ahorra, no tiene casa, no tiene coche, no tiene hijos, vive al día… A veces es divertido, pero ya cansa (…)”. Una aproximación al tema en Jiménez Barca, Antonio, La generación de los mil euros, EL PAÍS, 23/10/2006, pp.1-3 DOMINGO. Sobre los seiscientoseuristas véase: http://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/25/ciudadanom/1145966523.html
(7) El crecimiento exponencial del número de viviendas construidas en Fernández Durán, Ramón (2006): El Tsunami urbanizador español y mundial, p.10. Disponible en: http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=4824
(8) Ramonet, Ignacio, op. cit.

¿Por qué un nuevo Estatut?

2006-04-03T19:26:00.000Z

Artículo publicado en el periódico digital La Voz de Salamanca.

A pesar de que el catalanismo supone anteponer lo propio a lo justo (lo cual lesiona el principio de solidaridad) y definir lo propio desde criterios de identidad (lo cual lesiona el valor del pluralismo), desde posturas progresistas es tan difícil combatirlo como difícil fue en los años setenta denunciar el GULAG: con la misma miopía que entonces se acusaba de capitalista, hoy se acusa de nacionalista español. En ambos casos, sin embargo, lo que se reclama son libertades y derechos(1).

El pasado 30 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Entramos así en la recta final de un proceso estatutario que, durante meses, ha centrado el debate político en España. Cuando se ha opinado hasta la saciedad sobre el Estatut, ¿qué interés puede plantear acercarse, de nuevo, a este oscuro objeto de deseo? Nuestro interés viene motivado por el hecho de que la oposición catastrofista y demagógica empleada contra el texto por el Partido Popular (PP) ha impedido que, desde la izquierda, opinemos de forma crítica hacia un texto, que a muchos –parafraseando el título de un artículo de Santos Juliá- nos ha dejado “sin ningún entusiasmo”(2).

Y es que el mencionado catastrofismo del PP –entendido como una pieza dentro de una estrategia político-mediática más amplia de oposición frontal al Gobierno de Rodríguez Zapatero- ha llevado a la construcción de dicotomías maniqueas del tipo a favor del Estatuto (izquierda), en contra del Estatuto (derecha), alejadas de lo que es una realidad más compleja y plural. El sólo cuestionamiento de ¿por qué un nuevo Estatut?, te encasillaba automáticamente dentro de las posiciones conservadoras. Pero por suerte –para aquellos que defendemos el pensamiento crítico- han existido posturas que –alejadas de los posicionamientos de los populares- cuestionan la necesaria reforma. Una de estas voces es la del Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Francesc de Carreras(3), quien afirma que en el momento de comenzar la reforma “no había, pues, razones consistentes que justificaran un cambio de Estatuto”. Para Carreras “sí había razones ideológicas de fondo por parte de las formaciones nacionalistas. Estas razones eran de dos tipos. Por un lado, la autonomía y el Estatuto son para los nacionalistas meros instrumentos, sólo útiles en la medida en que contribuyen a crear «conciencia nacional» en el largo camino de acceso a la soberanía, su auténtica meta. [...] Por otro lado, el Estado de las autonomías ha evolucionado en un sentido federal, de tal manera que, a excepción de los «hechos diferenciales» definidos en la Constitución, en las demás materias la igualación de competencias prácticamente se ha generalizado. Llegados a este punto, una nación como Cataluña debe diferenciarse del resto de comunidades, especialmente de aquellas que son consideradas como meras regiones”. En similar tono se expresaba meses atrás el ex vicepresidente Alfonso Guerra(4), cuando en una entrevista señalaba, a propósito de la igualación progresiva de las competencias transferidas; “los que querían una diferenciación [Cataluña y País Vasco] vuelven a exigir un escalón más y vuelve el conjunto a exigir la igualación, la equiparación; es una escalera mecánica muy complicada”.

De esta manera, resulta a nuestro juicio lógico que la reivindicación de un mayor grado de autonomía política y financiera –justificándose si es preciso para ello en el falseamiento de la realidad histórica- recayese en formaciones cuya principal pretensión es de tipo nacionalista, catalana en este caso. Menos comprensible –aunque en tiempo de incertidumbres ideológicas para la izquierda, el nacionalismo resulta para algunos un clavo donde agarrarse-, nos resulta la postura del Presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, y de su formación política, el PSC-PSOE. Asistimos sorprendidos a la conversión del PSOE en Cataluña en un partido catalanista. Y es que como han señalado militantes de base del PSC, “el catalanismo es en realidad un nacionalismo «implícito» que gracias precisamente a que no se reconoce como tal puede avanzar sin obstáculos hacia sus metas, que apenas se diferencian de las del nacionalismo explícito que hemos padecido hasta la fecha”(5). Esta continuidad con el pujolismo en la construcción de una Cataluña uniforme y monolítica, que en última instancia lleve a la configuración de un Estado independiente, ha llevado a distintos intelectuales catalanes a plantear que “no se sienten representados por los actuales partidos y manifiestan la necesidad de que un nuevo partido político corrija el déficit de representatividad del Parlamento catalán”(6). Se trata de continuidades tangibles que el día a día nos deja, bien sea en forma de novedades, como las Oficines de garanties lingüístiques, o de encuestas, que llevan a la Generalitat a gastar en poco más de dos años de legislatura “más de 3,5 millones de euros (alrededor de 600 millones de pesetas) en estudios e informes sobre la utilización del catalán en diferentes ámbitos”(7).

Una vez más, como ha sucedido a lo largo de la historia, son las elites políticas las que toman como suyo la preocupación por el sentimiento nacional. La configuración de Estados, la delimitación de fronteras o la invención de naciones han sido procesos en los que las elites dominantes han instrumentalizado a súbditos y ciudadanos en empresas comunes, cuando en el fondo lo que subyacía era un interés de grupo. Porque ahora –a diferencia de lo que sucedía en el proceso de transición a la democracia-, la ciudadanía no reivindica libertad, amnistía, Estatuto de autonomía. Las preocupaciones de los ciudadanos de Cataluña, a tenor de las encuestas publicadas, no difieren de las del conjunto de España. Así que algo pasa cuando aquellos, como José Álvarez Junco, que “tanto hemos admirado la cultura cosmopolita y moderna de los catalanes” les “decepciona el texto que tenemos sobre la mesa”(8), o cuando surge un nuevo partido político, Ciutadans de Catalunya, cuyos principios rectores son la ciudadanía, la libertad e igualdad, el laicismo, el bilingüismo y la Constitución(9). Algo pasa en Cataluña.

(1) ¿Crisis en el PSC-PSOE?, El Viejo Topo, septiembre de 2005, pp.25-35.

(2) JULIÁ, SANTOS: Sin ningún entusiasmo, EL PAÍS, 4/12/2005, pp.12-13.

(3) CARRERAS, FRANCESC DE, El nuevo Estatuto frente a la Constitución, Claves de Razón Práctica, diciembre de 2005, pp.4-11.

(4) ROMERO, JOSÉ MANUEL y AIZPEOLEA, LUIS R., “Hay que tirar del PP hacia una posición común y no empujarlo hacia una posición radical”, EL PAÍS, 20/11/2005, pp.20-21.

(5) ¿Crisis en el PSC-PSOE?, Ibíd.

(6) AZÚA, FÉLIX DE, BOADELLA, ALBERT, CARRERAS, FRANCESC et. al.: Por un nuevo partido político en Cataluña, junio de 2005.

(7) ELLAKURÍA, IÑAKI y LECINA, ROSA: La lengua, bajo lupa, La Vanguardia, 16/3/2006, p.18.

(8) CIUTADANS DE CATALUNYA: Segundo Manifiesto de Ciutadans de Catalunya, marzo de 2006.

(9) ÁLVAREZ JUNCO, JOSÉ: Cataluña vista desde España, EL PAÍS, 15/1/2006, p.15.

La Voz de Salamanca frente a los medios de comunicación en crisis

2006-03-13T15:51:00.000Z

Artículo publicado en el periódico digital La Voz de Salamanca.

Hace ya más de un año Ignacio Ramonet alertaba –a propósito de lo que sucedía en Francia-, del riesgo que para el pluralismo suponía que la prensa escrita cayera “bajo el control de un pequeño grupo de industriales”(1). Un elocuente ejemplo de esta situación –producto en buena medida de la caída en la difusión de la prensa- es la entrada del financiero Edouard de Rosthschild, “poseedor de uno de los apellidos que el imaginativo popular más identifica con el capitalismo y el poder del dinero”(2), en la sociedad editora del antiguo diario maoísta Libération. Pero, ¿cuáles son las causas que llevan a que Ramonet plantee que los medios de comunicación se encuentren en crisis? El desarrollo de los diarios gratuitos –en una ciudad intermedia como Salamanca se distribuyen dos-, la expansión de Internet que lleva aparejada la emergencia de blogs y de diarios electrónicos, pero sobre todo “la pérdida de credibilidad de la prensa escrita” nos llevarían a esta situación. Pérdida de credibilidad como consecuencia de la conversión de los grandes medios de comunicación en meros “órganos de propaganda”(3). Ejemplo de esta conversión en “órganos de propaganda”, en este caso en uno de los diarios de referencia europeos, lo constituyó el tratamiento editorial y periodístico que de la campaña electoral francesa para la ratificación del Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa realizó EL PAÍS en nuestro país.

Los diarios de referencia tienen una importancia decisiva “en la creación de la opinión y de los estereotipos dominantes”. En general, se identifican “con un proceso fundador de la comunidad nacional a la que pertenecen” como en el caso de EL PAÍS sería la transición a la democracia o en de Le Monde “la voluntad de modernización de Francia después de la segunda guerra mundial”, pretendiendo alcanzar “el rigor en el contenido”, mediante “la contrastación de las fuentes”, “el pluralismo de las opiniones”, “el rechazo de lo sensacional” y “la voluntad de estilo”. Además, en el caso de los diarios mencionados, una de sus características es la de mantener “una posición favorable a la versión institucional de la construcción europea”(4). En el caso de EL PAÍS, este diario suma a su europeísmo la desconfianza ante la elección del referéndum como forma de legitimación de los Tratados Internacionales, como ya mostró en 1992 cuando al socaire del debate generado, fundamentalmente por un sector de Izquierda Unida en España, sobre la conveniencia de ratificar Maastricht mediante una consulta popular, editorializaba: “la dificultad de reducir las diferentes opiniones existentes a la alternativa sí/no conduce a una estilización del debate y a una simplificación de los argumentos tan grande que, en lugar de esclarecer, polariza: crea diferencias donde no las había y coloca a una parte considerable del censo en posición de perdedores. En lugar de reforzar la legitimidad del proceso, se estaría suscitando una confusa y artificial militancia contra él”(5).

Por tercera vez, en casi cincuenta años de integración europea, los franceses estaban convocados a las urnas el 29 de mayo de 2005 para pronunciarse sobre el mencionado proceso. En las anteriores consultas, celebradas con motivo de la Ampliación de las Comunidades Europeas en 1972 y del Tratado de Maastricht (1992), el sí había vencido, aunque por muy estrecho margen en el caso de la ratificación de Maastricht. El apoyo de EL PAÍS a la versión institucional de la construcción europea se muestra ahora, de forma más explícita a lo que había editorializado en anteriores consultas (Dinamarca, Noruega, Irlanda, Francia) con su apuesta explícita por el sí. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en el editorial de la jornada de reflexión en España, previa a la consulta popular sobre la “Constitución Europea”, titulado significativamente Por el sí.

Dejando de lado el partidismo de este periódico reflejado en la descalificación global de los opositores al Tratado, la traca final se produjo la jornada previa a la votación. Sí, por favor –en francés-, fue el titular que EL PAÍS dedicó a la consulta. Ante la cita del 29 de mayo de 2005 apelaba a “la gran responsabilidad que incumbe a cada uno de los votantes franceses”. En el fondo, el tan socorrido argumento poblacional. Resultaba prácticamente inconcebible para este periódico un rechazo a un texto que, hasta el momento de la consulta francesa, había sido refrendado por nueve países y 220 millones de ciudadanos. Idéntica advertencia había realizado un día antes la Comisión Europea. De esta forma la apuesta por el no era entendida como chovinismo para EL PAÍS. Así, consideraba que "cabe pedir a los franceses que piensen en Europa y en Francia como socio de la UE, y no sólo se miren su ombligo". Este diario señalaba en el haber de los franceses la intensidad de su debate, muy rico en comparación con el pobre despertado en España como consecuencia del referéndum del 20 de febrero de 2005. Pero de este interés por informarse el periódico sacaba una conclusión errónea, a nuestro juicio: identificar información con un voto favorable o “razonable” para EL PAÍS, con el fin de “evitar que Francia sumerja a Europa en una profunda crisis”. Finalmente, recurría al argumento estrella, por llamarlo de alguna forma, de los defensores del Tratado: "Lo peor es que si Francia vota no el domingo, la Unión entrará en un trance de imprevisibles consecuencias. No hay plan B. Y si lo hubiera, sería derrotista anunciarlo de antemano. Por tanto, amigos franceses: Oui, s’il vous plait".

Pero este panorama que acabamos de trazar no se circunscribe solamente a un diario del prestigio de EL PAÍS. La crisis de los medios de comunicación es también perceptible en nuestro entorno más cercano, en Salamanca. No hablamos de una concentración empresarial, que a modo de monopolio, controle las cabeceras de los periódicos, las radios o las televisiones. Nos referimos a una concentración ideológica, es decir, a la transformación de la práctica totalidad de los medios de comunicación de nuestra ciudad y provincia en órganos de propaganda al servicio del poder establecido. Por suerte, todavía hay ciudadanos que de manera altruista impulsan espacios para la disidencia y la lucha contra el pensamiento único –como La Voz de Salamanca-, que nos permiten seguir soñando con lograr que “otra Salamanca sea posible”.

(1) RAMONET, IGNACIO: Medios de comunicación en crisis, LE MONDE diplomatique. Edición española, enero de 2005, pp.1 y 26-27.

(2) MARTÍ FONT, J. M.: Rotschild entra en Libération con la promesa de no intervenir en la línea del diario, EL PAÍS, 24/01/2005.

(3) RAMONET, IGNACIO: Ibíd.

(4) VIDAL-BENEYTO, JOSÉ: “Le Monde” y los diarios de referencia, EL PAÍS, 05/07/2004, p.32.

(5) EDITORIAL:...pasando por Madrid, EL PAÍS, 13/09/1992.

(6) EDITORIAL: Por el sí, EL PAÍS, 19/02/2005, p.12.

(7) EDITORIAL: Oui, s´il vous plait, EL PAÍS, 28/05/2005, p.14.

Sobre calles y expolios

2006-03-05T13:15:00.000Z

Artículo publicado el periódico digital La Voz de Salamanca.

La penúltima ocurrencia del Alcalde de Salamanca ha sido la de sustituir el nombre de la calle Gibraltar, donde si sitúa el Archivo General de la Guerra Civil, por el de Expolio. Para el grupo de gobierno municipal –al igual que para una parte de la ciudadanía salmantina- el cumplimiento por el Gobierno de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil no supone otra cosa que un “expolio” a la Ciudad. La prensa local ha señalado estos días –con aparente extrañeza- como la política escribe en las calles(1). La denominación de una vía pública con una u otra denominación –en la mayoría de las ocasiones- no es el resultado de una elección casual. Como diversos autores han señalado “el callejero urbano, [...] constituye un modesto pero nada desdeñable Lugar de Memoria. Colocar un nombre a una calle o plaza supone una elección y una imposición realizada por un órgano de poder”(2). De esta manera, durante buena parte del siglo XX, a medida que Salamanca avanzaba en su proceso de urbanización, las distintas corporaciones –como órganos de poder que son- utilizaron la toponimia con claros fines políticos. Fines, por ejemplo, encaminados a la transmisión de una determinada concepción de la nación o de un determinado proyecto político, ya que como ha señalado el profesor José Álvarez Junco “más fácil y barato que erigir monumentos era poner nuevos nombres a las calles”(3).

Buena muestra de lo que señalamos sucedió con el advenimiento de la Segunda República en Salamanca, que trajo el cambio de nombre de dos de sus principales calles. Como refleja la prensa escrita, “las calles de San Pablo y Zamora, han sido bautizadas con los nombres de Fermín Galán y García Hernández, respectivamente, por obra y gracia del entusiasmo de la juventud republicana y su fervor hacia los hombres que dieron su vida en holocausto de la República”(4). Esta rápida modificación de dos de las principales arterias de la ciudad manifiesta como “la calle constituye un lugar público, [...] potencialmente transformable en un foco de emisión de mensajes. En este caso el mensaje tiene como medio de difusión la denominación concreta de las vías públicas. La imposición de una determinada denominación corresponde a un centro de poder y su objetivo básico es perpetuar el recuerdo de una persona, un colectivo, acontecimientos históricos o fechas importantes”(5).

Siguiendo con nuestro ejemplo de la época republicana, la preocupación por la modificación del callejero no constituyó una de las prioridades de la acción municipal. Así, las Actas de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Salamanca no recogen preocupación alguna por la toponimia salmantina hasta que, en marzo de 1933, el concejal encargado de la Comisión Municipal de Policía, Enrique Santos Mirat, presentó una propuesta al Pleno con el fin de “hacer desaparecer el estado anárquico dejado crear por anteriores Ayuntamientos, en el aspecto interesantísimo de la nomenclatura de las vías públicas de la Ciudad”. Pero más que modificar el nombre de calles existentes –sólo dos fueron afectadas-, de lo que se trataba era de designar con un nombre aquellas calles innominadas oficialmente, en este caso un total de ochenta y dos. En función de cuatro criterios se nombraron las vías: “salmantinos ilustres y españoles célebres”, “Repúblicas Hispanoamericanas” y ”las batallas más memorables libradas por soldados españoles”(6).

Durante el quinquenio republicano se produjeron dos nuevas revisiones del callejero, pero no será hasta agosto de 1936, cuando en la Salamanca centro de poder del Estado franquista se inicie un proceso sistemático de revisión vial encaminado a la “destrucción sistemática de todo aquello que recuerde lo que representaba el régimen republicano”(7), que no culminará hasta 1938. Así, con el objetivo de “honrar a los que han colaborado decisivamente y conducen el movimiento salvador de España”(8) el Ayuntamiento sustituyó –a modo de ejemplo- la calle Pablo Iglesias por la Dimas Madariaga, la 14 de abril por la 17 de julio, la 1º de mayo por Milicias Nacionales, la Plaza de la República por España o la Puerta de Zamora por Ejército. Con el transcurrir de los meses Franco, José Antonio Primo de Rivera, Goded, Calvo Sotelo y Víctor Pradera tendrán su calle, al igual que –no nos olvidemos- la Alemania nazi y la Italia fascista.

La llegada de la Democracia posibilitó el cambio de buena parte, no de toda, la toponimia franquista en Salamanca. Todavía nuestra Ciudad conserva símbolos franquistas, baste como botón de muestra el medallón dedicado a Franco en la Plaza Mayor, que no han sido sustituidos por otros de mayor aceptación entre el conjunto de la ciudadanía, y de claros componentes democráticos. De esta manera, la personalísima decisión de Julián Lanzarote no puede resultar más desafortunada. Cuando todavía queda mucho que hacer en políticas públicas de lo que vagamente se ha venido a llamar “recuperación de la memoria histórica”, la calificación de “expolio” a un acto de justicia –la restitución de documentos- constituye un verdadero insulto a la memoria de los vencidos. Porque, a estas alturas, ¿cómo algunos salmantinos pueden alegrarse de que “cayeran” aquí documentos encaminados a la represión? O es que olvidan –o lo que es peor justifican- que la incautación y clasificación de documentos del bando republicano estuvo dirigida a la eliminación, persecución y marginación de los republicanos, y no a la constitución de ningún Archivo Nacional.

(1) La política escribe en las calles, Tribuna de Salamanca, 28/2/2006, pp.8-9.

(2) MADALENA CALVO, JOSÉ IGNACIO, ESCUDERO, MARÍA del CARMEN, PRIETO ALTAMIRA, ALFREDO y FRANCISCO REGUILLO, JOSÉ (1988): Los lugares de memoria de la guerra civil en un centro de poder : Salamanca, 1936-1939. En JULIO ARÓSTEGUI (Ed.), Historia y memoria de la guerra civil. Valladolid: Junta de Castilla y León, p.490.

(3) ÁLVAREZ JUNCO, JOSÉ (2001): La creación de los símbolos nacionalizadores en el siglo XIX español. En JEAN-LOUIS GUEREÑA (Ed.), Les nationalismes dans L´Espagne contemporaine. Idéologies, mouvements, symboles. Paris: Editions du Temps, p.72.

(4) Dos calles a Galán y García Hernández, El Adelanto, 16/4/1931, p.1.

(5) MADALENA CALVO, JOSÉ IGNACIO et al., Ibíd.

(6) Archivo Municipal de Salamanca, Registro de Actas de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Salamanca, Sesión subsidiaria, 20-3-1933, libro 315, pp.146-148.

(7) MADALENA CALVO, JOSÉ IGNACIO et al., op. cit., p.491.

(8) MADALENA CALVO, JOSÉ IGNACIO et al., op.cit., p.492 y siguientes.

El Estatut a debate

2006-02-09T15:13:00.000Z

Presentación de la charla-coloquio de Francesc de Carreras perteneciente a las Jornadas Informativas sobre la Propuesta de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña, El Estatut a debate. Salon de Grados, Facultad de Derecho de la Usal, 15 de febrero de 2006.

Buenas tardes y gracias por asistir,

Durante meses, el debate político en España ha estado marcado por el término Estatut, o Estatuto. Políticos, periodistas, catedráticos de universidad, pero también militares y eclesiásticos, así como anónimos ciudadanos como este servidor, han opinado en prensa, radio, televisión o en el bar sobre la Propuesta de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña.

La repetición de los argumentos empleados, las descalificaciones utilizadas para enfrentar a los ciudadanos residentes en distintas autonomías, pero sobre todo, la interminable prolongación en el tiempo de la confrontación política en torno a esta Propuesta de reforma, ha hecho que se extienda entre la ciudadanía una cierta sensación de hartazgo.

Entonces, ¿a qué responde, ahora, la organización de estas Jornadas informativas? Responde a la pretensión de Unidad Estudiantil (UNE) de llevar al mundo universitario, de una manera profesional y rigurosa, el debate abierto en el Estado sobre la propuesta de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña.

Nuestro propósito no es –como se ha hecho ya en varias ocasiones en este mismo Salón de Grados-, descalificar globalmente a Cataluña, al presidente del Gobierno o a la propuesta que ahora se debate en la Comisión Constitucional, sino mostrar la pluralidad de argumentos que existen sobre el Estatuto. Para ello, no pretendemos recurrir ni a la ecuanimidad, ni a la objetividad o ni siquiera a la asepsia, sino a voces que, desde diferentes planteamientos –sin duda enfrentados-, nos permitan confirmar o rechazar nuestros posicionamientos sobre el tema.

Hoy tenemos la primera de esas voces, la de Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Autónoma de Barcelona y miembro de la plataforma Ciutadans de Catalunya, a quien agradecemos mucho la buena predisposición que, desde un primer momento, tuvo con Unidad Estudiantil para estar hoy aquí con nosotros. Nuestro ponente ha sido miembro entre 1981 y 1998 del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña, y uno de los firmantes del manifiesto Por un nuevo partido político en Cataluña que ha impulsado la formación de la plataforma Ciutadans de Catalunya. Colaborador de los diarios El País y El Periódico, entre 1980 y 2003, y desde 2004 de La Vanguardia. Entre sus últimas publicaciones destacamos dos por la relación que tienen con el tema de nuestras jornadas: “Reflexiones sobre la propuesta de nuevo Estatuto de Cataluña”, Teoría y Realidad Constitucional, num. 16, 2005 y “El nuevo estatuto frente a la Constitución”, Claves de Razón Práctica, num. 158, diciembre de 2005.

Cuando nos encontramos en vísperas de la discusión por el Parlamento Europeo de la directiva de liberalización de los servicios o Bolkestein –que de aprobarse supondría, a nuestro juicio, una vuelta de tuerca más hacia el desmantelamiento de los Estados del Bienestar Social- quizás resultaría frívolo el que desde organizaciones de izquierda como la nuestra se discuta sobre una cuestión de reparto del poder, como es la polémica del Estatut. Máxime cuando habitamos en un mundo donde cada vez más la riqueza sigue estando peor redistribuida entre sus habitantes: género humano al fin y al cabo, y no necesariamente “nacionales” de ningún país. Pero nuestro empeño –como ya mencionamos- de llevar al mundo universitario de una manera profesional y rigurosa el debate abierto –con ponentes como el profesor de Carreras- espero justifique estas jornadas.

Sin más, le cedo la palabra.

Con la venia, señor Alcalde

2006-01-31T11:39:00.000Z

Artículo publicado en:
Tribuna de Salamanca, el 2 de febrero de 2006, con omisiones respecto al original enviado.
Dgratis, del 17 al 23 de febrero de 2006, con omisiones respecto al original enviado.
Revista Salamanca Actualidad, febrero de 2006, texto integro.

A estas alturas, muchos ríos de tinta ha hecho correr ya la llamada polémica en torno a los mal llamados papeles de Salamanca. En las siguientes líneas vamos a dejar a un lado nuestra valoración negativa sobre los términos que el Alcalde de Salamanca ha empleado para calificar el cumplimiento de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, para centrarnos en la utilización sesgada y partidista que hace Julián Lanzarote sobre determinados informes técnicos, según convengan o no, a sus intereses.

Nos referimos a las continuas referencias que realiza el Alcalde de Salamanca, cuando a la hora de aportar argumentos científicos a sus planteamientos sobre la unidad del archivo recurre al informe que en enero de 2005 realizó la Real Academia de la Historia (RAH) sobre el Archivo de la Guerra Civil en Salamanca. Con el mencionado informe, la RAH daba “respuesta a la consulta planteada por la Consejería de Cultura del gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León”, pero sólo “en cumplimiento de su responsabilidad como institución española dedicada al estudio de la Historia y de todo lo a ella concerniente, al margen de cualquier toma de posición respecto al fundamento legal de la reclamación, al debate político abierto y a las actuaciones que se están llevando a cabo”. La posición de la Academia quedaba fijada en cuatro puntos, dejando claro en el primero de ellos “que debe preferirse el mantenimiento de la integridad del Archivo General de la Guerra Civil salmantino”.

Pero, ¿qué pasa cuando esta misma institución señala –a propósito de la plaza de Los Bandos-, su “entera coincidencia con el criterio de que no deben seguir haciéndose aparcamientos de rotación en el centro ciudad con grave daño para el patrimonio”? Pasa que en este caso la cientificidad de la RAH no es tenida en cuenta. Para el grupo de gobierno no debe resultar cómodo que desde organismos técnicos se le recuerde –al igual que hacemos desde las organizaciones que conformamos la Plataforma Ciudadana Los Bandos Sin Aparcamiento-, “que existen incongruencias entre algunas de las previsiones del plan [General de Ordenación Urbana de Salamanca] y otras medidas de conservación, como [...] en el caso del Cuartel de Caballería Anaya, la Huerta de las Adoratrices o Calatrava-Dominicos”. Si además, la RAH considera que “en el caso de Salamanca es particularmente notable que la ocupación de los parkings del interior de la ciudad no justifica en absoluto que se acometan otros nuevos”, está claro que para Julián Lanzarote este informe no valga.

Los papeles, como cortina de humo para envolver desmanes urbanísticos (confirmados por diversas sentencias judiciales), pero sobre todo para ocultar una clara incapacidad de gobernar la Ciudad, dejarán tarde o temprano de figurar en la agenda política salmantina. Una agenda que nuestro Alcalde ha llenado de polémicas artificiales y sentencias perdidas, y que nosotros, los ciudadanos, tenemos la oportunidad de rechazar con nuestro voto en las elecciones municipales del 2007.

¿Quo vadis socialdemocracia?

2005-12-31T19:29:00.000Z

Artículo publicado en el nº 245 del periódico independiente La Voz de La Palma, del 20 de enero al 9 de febrero de 2006.

Aujourd'hui, au sein du PS, le vrai débat n'est nullement entre réformisme et radicalité mais entre une ligne de gauche, que je soutiens, revendiquant le rassemblement à gauche, et une autre, plus floue, plus libérale quoiqu'elle s'en défende. Si le PS, même sous un autre terme, choisissait la voie néolibérale, ce serait une erreur gravissime
(Laurent Fabius, Le Monde, 16/09/05)

Con relativa frecuencia, tras las convulsiones experimentadas entre 1989-1991 en el orden internacional surgido de la Segunda Guerra Mundial, se nos recuerda que desde esas fechas nos encontramos en un mundo sin ideologías, donde para algunos se habría producido el fin de la historia. De esta manera hay quienes afirman que “la distinción derecha-izquierda, que tuvo su origen en la Revolución Francesa, ya no tiene razón de ser”. Así, los cambios operados tras la caída del Muro de Berlín y la desmembración de la URSS supondrían el triunfo final, tanto de un modo concreto de democracia como de sistema económico capitalista. Es el triunfo de la ideología definida por Ignacio Ramonet en Un mundo sin rumbo como “pensamiento único”, cuyo corpus doctrinal es sobradamente conocido: “lo económico predomina sobre lo político”, “concurrencia y competitividad”, “librecambio sin límites”, “mundialización de la producción manufacturera y de los flujos financieros”, “desreglamentación”, “privatización”, “liberalización”. En este artículo pretendemos interrogarnos –a modo de aproximación, sobre como han influido en la teoría y praxis socialdemócrata los cambios que, para historiadores como Eric Hobsbawm, cierran “el corto siglo XX”, y que ideológicamente han tenido su traducción en la hegemonía del pensamiento neoliberal.

Quizás, en primer lugar, al encontrarnos, a nuestro juicio, en un momento de confusión ideológica, sería útil acercarnos a una posible definición de socialdemocracia, que en este caso, nos la aporta una Enciclopedia de acceso gratuito en Internet como Wikipedia: “La socialdemocracia es una ideología política que surgió a finales del siglo XIX y principios del XX, de la mano de marxistas que creían que la transición a una sociedad socialista podía lograrse mejor mediante una evolución democrática que por una revolución violenta. Con anterioridad, se describía a los socialdemócratas como socialistas reformistas (dado que abogaban por el desarrollo del socialismo a través de reformas graduales) en contraste con los socialistas revolucionarios, que pretendían alcanzar el socialismo mediante una revolución obrera”.

La presentación de esta definición nos lleva inmediatamente a cuestionarnos sobre qué es lo que hoy en día quedan de estos principios –reconociendo los cambios que experimentó la socialdemocracia europea como consecuencia de las dos guerras mundiales así como de la Revolución Rusa y la formación de la III Internacional-, en los partidos definidos o identificados como socialdemócratas, máxime cuando a finales de la década de los 90 gobernaban en la mayoría de países integrantes de la Unión Europea –un total de 13 en 1998-, y sus políticas en la mayoría de las ocasiones, poco diferían de las implementadas por gobiernos conservadores o liberales. Es decir, ¿por qué la socialdemocracia ha abandonado su programa? O como expresivamente señalaba el líder del Partido del Socialismo Democrático alemán (PDS), Gregor Gisy, cuando defendía en el congreso del nuevo Partido de la Izquierda –donde confluyen el PDS y los socialdemócratas desencantados de la Alternativa por el Trabajo y la Justicia Social (WASG)-, al ex ministro Lafontaine señalando que: “Oskar Lafontaine no es un traidor, sino alguien que se ha mantenido fiel a sí mismo, porque el SPD ha dejado de ser socialdemócrata” (El País, 28/08/05).

¿Por qué partidos como el SPD o el Partido Laborista han dejado de ser socialdemócratas? ¿Por qué, parafraseando el título de un artículo del sueco Carl Tham, la izquierda socialdemócrata [se encuentra] acorralada? (Alternativas para el siglo XXI. I Encuentro de Salamanca de la Fundación Sistema) ¿Por qué, cómo ha señalado José María Ridao, desde la socialdemocracia “se admiten como verdades inamovibles principios que son simplemente opciones ideológicas de la derecha”? (El País, 23/06/02). Cuando los socialdemócratas regresaron en “los felices 90” a los gobiernos de buena parte de los Estados miembros de la UE lo hicieron, como apunta Geoff Eley en Un Mundo que Ganar, sin ningún plan económico alternativo a casi veinte años de política económica neoliberal. El modelo que desde 1917 se había identificado como alternativo al sistema capitalista y que había favorecido la emergencia a partir de 1945 de Estados del Bienestar Social, era cosa del pasado. Así, los socialdemócratas “aceptaron los cambios neoliberales, entre ellos no sólo la permanencia del capitalismo, sino también las ideologías agresivamente remercadizadas de la libertad económica [...] para las cuales los socialistas no tenían ninguna respuesta nueva”. De esta manera, no sólo no se cuestionan la llamada globalización, que como señala Tham “es también una ideología” basada en la triada privatización, desregulación y competencia, sino que como en el caso de los “antiguos laboristas” británicos partidarios de la Tercera Vía, hacen bandera de ella: “modernidad” frente a “tradición” es la consigna. O como lo ejemplificaba recientemente el primer ministro Tony Blair a propósito de la “necesaria modernización” del modelo social europeo: “El objetivo debe ser mejorar nuestra capacidad competitiva, ayudar a nuestros ciudadanos a hacer frente a la globalización, a que abracen sus oportunidades y eviten sus peligros”.

De esta manera, no debe sorprendernos la aceptación de la política económica emanada del Tratado de Maastricht, o más recientemente la campaña a favor del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa por parte del Partido Socialista Europeo –que, en buena medida, “constitucionalizan” largas décadas de políticas neoliberales-, en la línea de considerar el proceso de integración europea como la parte más sustancial de su programa. Tras el derrumbe del “socialismo real”, el principal eje de actuación de los partidos socialistas europeos ha estado centrada en el mencionado “proceso de integración”. Este ferviente “europeismo” del socialismo europeo lleva a que destacados eurodiputados españoles, como Manuel Medina y Enrique Barón consideren en el artículo La “directiva Bolkestein” y la libre prestación de servicios en la UE en El País (04-04-2005) como “necesaria [la] liberalización de los servicios en el interior de la Unión”. Argumentan, como dogma de fe, que se trata de una de las cuatro libertades previstas por los tratados que establecieron las Comunidades Europeas. Otros dos ejemplos españoles fueron la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 2004 y el Referéndum sobre el Tratado Constitucional de febrero de este año. La Unión Europea era vendida como “el mejor de los mundos posibles”. Todo eran parabienes para sus políticas, lo que no nos debiera extrañar, ya que son los representantes de los Estados –no entes abstractos-, quienes toman las decisiones en “Bruselas”.

Pero hasta cuando van a ser capaces de mantener este equilibro entre políticas económicas neoliberales y políticas sociales activas, características de los partidos del socialismo democrático. Porque es evidente que existen matices en este pensamiento único que se nos quiere imponer. Y los que en este artículo consideramos como “antiguos partidos socialdemócratas” siguen teniendo una preocupación por la justicia social mucho mayor que conservadores o liberales. Y estos aspectos se tornan en eje fundamental de sus políticas de gobierno, puesto que la economía no se toca. ¿Hasta cuando estos matices? Con preocupación observamos desde la izquierda coaliciones como la de Alemania –reconociendo las diferencias de la derecha germana con la de otros países europeos, incluida España-, que sólo parecen confirmar nuestros peores augurios. Pero creemos que hay todavía “espacios para la esperanza”, como lo demuestra la movilización de un amplio sector del Partido Socialista francés a favor del “No” al Tratado Constitucional o la emergencia con fuerza del Partido de la Izquierda en Alemania. Hoy por hoy, la socialdemocracia está tocada, pero no hundida. De sus militantes y dirigentes depende el futuro.

De nación y Estatut

2005-11-05T15:00:00.000Z

Artículo publicado en el nº 240 del periódico independiente La Voz de La Palma, del 4 al 18 de noviembre de 2005.

España no es ni puede ser una religión con dogmas impuestos por los que se arrogan su representación de tal manera que si no se somete uno a ellos lleva consigo la excomunión o el dictado de traidor. España será de todos, hecha por todos, o no será.
(P. Bosch-Gimpera, La España de todos, 1952)

A estas alturas del debate, por llamarlo de alguna manera, sobre la Propuesta de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña, parece que poco más se puede aportar. Pero sin embargo, consideramos que precisamente uno de los aspectos que más ríos de tinta ha hecho correr del polémico Estatut, la definición en el Preámbulo y en el Artículo 1 de Cataluña como “nación”, no ha sido tratado con el suficiente rigor y seriedad que se merece. Así es como se justifica nuestra pretensión de reflexionar en las siguientes líneas en torno al alcance, significado y valor jurídico y normativo de un concepto repetido hasta la saciedad en nuestros días como el de “nación”.

Pero, ¿en qué consiste ese oscuro objeto de deseo en el que se ha convertido la nación? Cómo definimos, parafraseando a Renan, qué es una nación. Con frecuencia leemos y escuchamos como una pregunta, de respuesta tan complicada a nuestro juicio, no provoca grandes quebraderos entre políticos, periodistas, juristas o politólogos, quienes en diverso grado nos ofrecen distintas, pero todas ellas tajantes, definiciones de la nación. Nosotros intentaremos ir con más cautela, dejando claro desde un principio que dentro de la literatura que aborda estas cuestiones los acuerdos terminológicos son minoría respecto a los desencuentros. Por tanto, más que una respuesta, lo que pretendemos es presentar diversas aproximaciones realizadas desde las ciencias sociales al mencionado concepto.

En primer lugar, seguimos a Eric Hobsbawm cuando en su libro Naciones y nacionalismos desde 1780 señala “que las naciones no son [...] tan antiguas como la historia. El sentido moderno de la palabra no se remonta más allá del siglo XVIII”. Con esta apreciación algo hemos avanzado. Nos encontramos ante un fenómeno contemporáneo, propio en buena medida de la transición del Antiguo Régimen al Liberalismo y no, frente a una realidad tangible e inmutable presente desde “la noche de los tiempos”. Pero aún así seguimos sin clarificar lo que es, o no es, una nación. ¿A qué se debe esta dificultad? Para el propio Hobsbawm estaría en el hecho de que “la característica principal de esta forma de clasificar a los grupos de seres humanos [en naciones] es que, a pesar de que los que pertenecen a ella dicen que en cierto modo es básica y fundamental para la existencia social de sus miembros, o incluso para su identificación individual, no es posible descubrir ningún criterio satisfactorio que permita decidir cuál de las numerosas colectividades humanas debería etiquetarse de esta manera”.

De esta manera han fracasado “los intentos de determinar criterios objetivos de nacionalidad, o de explicar por qué ciertos grupos se han convertido en naciones y otros no”. Esto a pesar de la permanencia, todavía hoy, de las tesis primordialistas, que consideran la nación como una realidad objetiva, que posee un espíritu propio y una cultura e historia diferenciada. Permanencia acentuada más en el plano político-mediático que en el estrictamente académico como muestran declaraciones –a modo de ejemplo, porque una enumeración exhaustiva sería interminable-, pronunciadas por el actual defensor del Pueblo, Enrique Múgica, quien opina “que la nación española es la única nación que existe en la península junto con la de Portugal, naturalmente”, las del ex presidente Aznar, para quien España se constituye como “una de las naciones más antiguas de Europa”, las del presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, cuando afirmaba que “Cataluña no quedará reconocida [en el nuevo Estatuto] como nación” o finalmente las del alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez para el que la bandera española “simboliza la España eterna” y la “larga, común y compartida historia de la nación española”.

Nos parece mucho más cercano a la realidad considerar a las naciones, siguiendo el concepto acuñado por Benedict Anderson, como “comunidades imaginadas” o, en la línea de Renan y de la teoría constructivista, como el resultado de un pacto de ciudadanos que nace con las revoluciones liberales y el capitalismo. Ya lo recordaba meses atrás el profesor Álvarez Junco en su artículo La disputa nominalista en El País (28/06/05) cuando afirmaba que “la descripción tradicional de la nación en términos de raza, lengua, religión e historia, sirve, por tanto, de poco”, siendo “lo esencial [...] la conciencia de poseer esos rasgos, el hecho de que la mayoría de los individuos de ese conjunto humano crea o imagine que posee unas similitudes culturales del tipo de las descritas; de esta manera surgen las comunidades imaginadas”. Pero, lamentablemente posiciones tan desapasionadas y académicas como la mencionada constituyen islas de un mar plagado de afirmaciones rotundas y catastrofistas de las que no quiere dejar de participar ningún sector de la sociedad española. Porque incluso, como en tiempos predemocráticos, sectores del Ejército y la Iglesia católica buscan ejercer su papel en “la disputa nominalista”.

Y todo este revuelo, ¿por qué?: Por la inclusión en el preámbulo (sin valor jurídico) y en el articulado de la Propuesta de Reforma catalana de la consideración de Cataluña como una “nación”. Entre los politólogos y juristas, quienes han sido en detrimento de los historiadores, por ejemplo, los más solicitados por los medios de comunicación para santificar o excomulgar esta fórmula, no parece haber consenso. Y así, prestigiosos investigadores como Andrés de Blas llegan al punto de afirmar que “nación, en España, sólo hay una” basándose única y exclusivamente en la interpretación literal del, para muchos sacrosanto, artículo 2 de la Constitución Española de 1978, que considera que ésta (la Constitución) “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. De esta manera, la pretensión de la propuesta enviada por el Parlament de afirmar que “Cataluña es una nación” (Artículo 1) sería totalmente incompatible con mencionado artículo 2 de la Carta Magna..

Parece que los voceros que pregonan día tras día la idea de la “desintegración” y “balcanización” de España no continuaron leyendo el Artículo 1 del Estatut, ya que en su segundo punto (una posible solución al debate, con el fin de evitar cualquier equívoco, sería, a nuestro juicio, fundir ambos párrafos) resalta que “Cataluña ejerce su autogobierno mediante instituciones propias, constituida como comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto”. El problema, o más bien la realidad, es que en la mente de la gran mayoría de los que fomentan el enfrentamiento interterritorial, está una concepción de la nación decimonónica que considera que a cada Estado (España, en este caso) le corresponde una Nación (la española) y ven imposible conciliar en un mismo Estado diversas naciones.

Personalmente, y desde el desapasionamiento que me produce cuanto tiene que ver con lo identitario, creo que estamos nuevamente ante un problema artificial y ajeno a las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía (desde la “crisis del 98” reflexionando sobre “el ser de España”) La aprobación del Estatut no conducirá a la desaparición de España ni a la independencia automática de Cataluña. Nada más lejos de la realidad. En buena medida, tal como se estructura en la actualidad, hará un poco más insolidaria la relación fiscal entre autonomías al copiar una fiscalidad que no olvidemos, se aplica desde 1978 en el País Vasco y Navarra. Pero la realidad es que en tiempos de crisis de las ideologías, los nacionalismos (tanto español como catalán) emergen como recurso frente a la realidad de un mundo donde cada vez más la riqueza sigue estando peor redistribuida entre sus habitantes: género humano al fin y al cabo, y no necesariamente “nacionales” de ningún país.

Cumbre Iberoamericana, seguridad y medios de comunicación

2005-10-26T01:08:00.000Z

Artículo publicado en el nº 1 de la revista Réplica (continuadora de Asperina) de la Coalición Unidad Estudiantil (UNE), noviembre 2005. Elaborado a partir del texto Cumbre Iberoamericana, seguridad y altermundialismo publicado en este blog.

Salamanca acogió los pasados 14 y 15 de octubre de 2005 la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Como esta previsto, la Cumbre, lejos de traer un “progreso ilimitado” a nuestra ciudad, convirtió a Salamanca en una fortificación. El espectacular aumento del número de miembros de la Policía Nacional, el corte durante los días previos de varias calles de la ciudad, como la Gran Vía, o el cierre de las Facultades situadas en el casco histórico (decretado por el Rector a petición del Gobierno) son algunas de las medidas implementadas con el fin de garantizar la “seguridad” de tan altos dignatarios. Y se supone que también la nuestra.

El discurso mediático-político dominante nos presenta el aumento de la seguridad como un mal menor necesario para afrontar los “desafíos de nuestro tiempo”. Pero el riesgo reside en que una buena parte de la ciudadanía ha interiorizado ese discurso y así, como lucidamente señalaba en pasados días el filósofo Emilio Lledó a propósito de un caso concreto, “quienes pasan, en estos últimos tiempos, por aeropuertos de distintos países, sobre todo de EE UU, acaban por insensibilizarse y aceptar, como algo natural ya, los duros y desagradables controles a los que se ven obligados”.

La niebla que recibió a las distintas delegaciones fue premonitoria de lo que sería para los salmantinos -especialmente aquellos que de una u otra forma tuvieran una vinculación con el casco histórico-, las “gloriosas jornadas de octubre”: días grises. Y no por la vestimenta de las fuerzas de seguridad durante el franquismo, sino porque durante media semana nuestra ciudad cambió su fisonomía habitual de urbe estudiantil y turística por la de una “torre de babel”, prácticamente vaciada de universitarios y tomada por la policía, únicos que dieron algo de “color” (a pié, caballo, helicóptero, lechera o lancha) a la triste Helmántica de esos días.

Al margen de la “Declaración de Salamanca”, sus 31 puntos y 16 comunicados, así como las artificiales polémicas sobre el uso o no del término “bloqueo” y la solicitud de extradición a Venezuela de Posada Carriles, Salamanca sirvió de punto de encuentro para las reivindicaciones de agricultores, anti-castristas, antimonárquicos, saharauis, altermundialistas, castristas y chavistas, y anarquistas. Independientemente de las reivindicaciones que todos estos grupos planteen, todas legítimas -aunque a nuestro pesar el traje verde oliva militar siga despertando una gran erótica entre amplios sectores de izquierda- , y a pesar del desmedido despliegue policial para una ciudad media como la nuestra, todas se desarrollaron sin incidentes.

Ahora, ¿cuántos ciudadanos se sumaron a estas movilizaciones alternativas a la Cumbre? Esta pregunta, que no es baladí, nos sirve para introducir el tercer aspecto que tratamos de analizar en el artículo: la cobertura informativa de los actos de las “cumbres realmente existentes”, ya que la “oficial” prácticamente sólo permitió participar a la ciudadanía del ciclo de cine iberoamericano que se organizó en la Filmoteca de Castilla y León. Y es que más allá de los grandes discursos y de las solemnes inauguraciones, diversos movimientos sociales de la ciudad organizaron en los días previos numerosas conferencias y encuentros, que culminaron en las movilizaciones del sábado 15. Así, tenemos que hablar de las Jornadas interculturales del Foro Solidario Cuba-Venezuela, de las Mil y una Américas de Ecologistas en Acción y CGT o de las organizadas por el sindicato CNT, entre otras.

Al margen de que todas pretendieran acercar a los que asistíamos a ellas “la verdadera realidad de América Latina”, hay que señalar que para la prensa local prácticamente no existieron. Menos, incluso, para la publicación impulsada por nuestra Universidad, Diario Cumbre, quien sólo se ocupó de este tipo de actos en dos breves noticias, durante los ocho días en que el periódico se publicó. En este sentido, páginas web de información alternativa se hacían eco de lo que consideraban “complot de la prensa española para silenciar las manifestaciones de la Cumbre de Salamanca”. Urge entonces preguntarse ¿por qué este silencio?, ¿por qué no informar de que miles de ciudadanos (cientos por la mañana) salieron en la tarde del mencionado sábado?, quizás porque cinco de las seis, a pesar de las notables diferencias entre organizadores y participantes, todas ellas planteaban la necesidad de esbozar alternativas a “la globalización realmente existente”.

Pero como señalamos, no existió un frente común de oposición a las políticas que este tipo de “Cumbres de las Hipocresía”, tomando el lema de una de las protestas, plantean. Y ese es uno de los principales déficits que observamos desde la izquierda plural que aspiramos a representar en la Universidad y la Sociedad. En este sentido, los actos que más ciudadanos congregaron fueron aquellos que abundaron en la adhesión incondicional y acrítica a los gobiernos de Cuba y Venezuela, frente a otros que planteaban propuestas más concretas y a la vez más abiertas en pos de lograr que otro mundo sea posible. Lástima que triunfara el discurso fraseológico, la retórica revolucionaria, la idolatría hacia ciertos líderes y la división en cuanto a las luchas que reivindicar. Con este panorama, muy tranquilos debieron quedarse el centenar y medio de empresarios reunidos en el I Encuentro Empresarial Iberoamericano: sólo se impugnan las políticas que preconizan, y que los gobiernos aplican, gritando consignas y no planteando de forma seria y rigurosa el debate en la sociedad civil sobre a dónde nos conducen y cuales son algunas de las posibles alternativas que podemos construir.

Hacia una reconversión de la educación

2005-10-05T01:21:00.000Z

Artículo publicado en el nº 1 de la revista Réplica (continuadora de Asperina) de la Coalición Unidad Estudiantil (UNE), noviembre 2005.

A priori, la introducción en “Europa” de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) debería ser recibida con entusiasmo, máxime entre aquellos que concebimos un mundo sin fronteras, no sólo para el capital. Visto de forma idealizada, supondría entre otros “beneficios” el final de los problemas para la convalidación de aquellas asignaturas que cursaste de Erasmus o una agilización de los trámites de matriculación, ya que como se señala en uno de los objetivos de la Declaración de Bolonia, se pretende “la adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, mediante la implantación, entre otras cuestiones, de un Suplemento al Diploma”.

Pero los hechos parecen ir desmontando las supuestas bondades del EEES. Una vez más, la “integración europea” supondrá sacrificios, menores suponemos, que anteriores reconversiones –no educativas- como la operada en el sector industrial en la década de los 80, pero que igualmente sigue un esquema similar. Desde “Europa”, en aras de una mayor “calidad”, “movilidad,” “diversidad” y “competitividad” se nos presenta la introducción del EEES como “el único camino”. En sintonía con el discurso neoliberal imperante, se nos plantea que no hay alternativas. Pero claro que existen y por eso exigimos una adaptación justa y negociada y, por qué no, un cuestionamiento en sí mismo, del proceso de construcción europeo de educación superior.

Pero, ¿cuáles son los hechos que desmontan las virtudes del EEES? Sobre todo el propósito, en consonancia con otras estrategias europeas como la Agenda de Lisboa, de convertir la universidad en centros de formación de empleados (en algunos casos “emprendedores”) en detrimento de su tradicional papel de formadores, en mayor o menor medida, de ciudadanos. De esta manera, las propuestas que meses pasados formularon las comisiones del Consejo de Coordinación Universitaria, se situaban en la línea de reducir el actual catálogo de carreras casi a la mitad.

Entre las titulaciones afectadas, las genéricamente definidas como humanísticas, constituían el principal grupo. De esta forma no debe sorprendernos las rápidas movilizaciones que estudiantes de Historia del Arte, Musicología y Humanidades llevaron a cabo en diferentes universidades del Estado que han finalizado con la reconsideración de la postura de la Comisión y la “reintegración” de Historia del Arte al nuevo catálogo de grados. Pero, ¿qué pasa en el resto de carreras como la de Humanidades que ni siquiera pasaría a ser un postgrado?

Y aquí consideramos que está la clave del proceso de integración educativo europeo: ¿Qué modelo de educación queremos para el futuro?. ¿Una educación superior encaminada a la formación e integración de cuadros en la “sociedad informacional” basada únicamente en los conocimientos científico-tecnológicos?. ¿A dónde irán a parar las Humanidades en tiempos que la reflexión crítica y disidente es con frecuencia estigmatizada?

En España, existe el compromiso del presidente Zapatero de que cualquier cambio en las humanidades “será para realzar su importancia, nunca para reducirla”, por lo que si actúa igual que hizo ante otras promesas el futuro de las Humanidades en nuestro país estaría momentáneamente asegurado. Quedarían entonces en un molesto jaque las propuestas de reducción y eliminación antes mencionadas. Pero esto no significaría que la partida hubiera acabado. Se hace necesario ir más allá del debate coyuntural y hacer comprender el insustituible papel formador que en la creación de ciudadanos ejerce desde hace tantísimos años el estudio de las materias humanísticas. Sólo entonces, los cantos de sirena llamando a la reducción de su papel chocarían con la oposición frontal de una sociedad convencida de la utilidad social de estas materias.

Problema de salud pública o negocio: a propósito del consumo de alcohol en la calle.

2005-10-05T01:17:00.000Z

Artículo publicado en el nº 1 de la revista Réplica (continuadora de Asperina) de la Coalición Unidad Estudiantil (UNE), noviembre 2005.

Desde hace dos cursos académicos, las autoridades municipales de Salamanca comenzaron a interesarse por la salud de los estudiantes de la Universidad. A raíz de la celebración de las distintas fiestas de facultad, el Ayuntamiento –en bastantes ocasiones con la permisividad e incluso colaboración de las autoridades universitarias- presentó el consumo de alcohol en la calle durante algunas fechas del calendario académico como un verdadero problema de salud pública.

En cierta medida lo es, como también es cierto que subyacía un interés puramente económico, motivado por la presión del lobby hostelero, tras la aparente “preocupación” de nuestras autoridades. Porque claro está, cuando el que monta una competición alcohólica en la calle es el mencionado lobby no pasa nada. Y así el Ayuntamiento fomenta y los medios de desinformación local elogian la brillante idea de organizar una Feria de Día en la calle.

Lástima que sólo hayan sido algunos blogs (¿para dónde miran ahora los medios de comunicación locales que descalificaban globalmente al alumnado hace meses?) los que se hayan cuestionado este invento que durante bastantes días generó olores, humos, música, contenedores, suciedad y grasas en mayor cantidad que nuestras fiestas patronales. Pero ahora se trataba de un negocio. Daba igual que la gente estuviera borracha a las 9 de la mañana, lo que importaba era hacer negocio. Preocupación por el consumo de alcohol masivo SÍ, hipocresía NO.

Cumbre Iberoamericana, seguridad y altermundialismo

2005-10-05T01:16:00.000Z

Salamanca acoge los próximos 14 y 15 de octubre de 2005 la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Las informaciones periodísticas publicadas en los últimos días nos muestran como la Cumbre, lejos de traer un “progreso ilimitado” a nuestra ciudad, convertirá Salamanca en una fortificación. El espectacular aumento del número de miembros de la Policía Nacional, el corte durante los días previos de varias calles de la ciudad, como la Gran Vía, o el cierre de las Facultades situadas en el casco histórico (decretado por el Rector a petición del Gobierno) son algunas de las medidas implementadas con el fin de garantizar la “seguridad” de tan altos dignatarios.

El discurso mediático-político dominante nos presenta el aumento de la seguridad como un mal menor necesario para afrontar los “desafíos de nuestro tiempo”. Pero el riesgo reside en que una buena parte de la ciudadanía ha interiorizado ese discurso y así como lucidamente señalaba en pasados días el filósofo Emilio Lledó a propósito de un caso concreto “quienes pasan, en estos últimos tiempos, por aeropuertos de distintos países, sobre todo de EE UU, acaban por insensibilizarse y aceptar, como algo natural ya, los duros y desagradables controles a los que se ven obligados”.

De esta manera la Cumbre Iberoamericana, más concretamente Salamanca, adquirirá el aspecto de ciudades como Seattle, Praga o Génova con motivo de cumbres de organismos ademocráticos -en palabras de Joaquín Estefanía- como la OMC, el FMI, BM, el Foro de Davos o el Consejo Europeo. Máxime cuando diversos grupos, entre ellos algunos que podemos definir dentro del movimiento altermundialista, han solicitado manifestarse durante esos días en Salamanca. De esta manera, nuestra ciudad cambiará durante media semana su fisonomía habitual de urbe estudiantil y turística por la de una “torre de babel”, prácticamente vaciada de universitarios y tomada por la policía, únicos que darán algo de “color” a la triste Helmántica de esos días.

Pero independientemente de las reivindicaciones que todos estos grupos planteen, todas legítimas -aunque a nuestro pesar el traje verde oliva militar siga despertando una gran erótica entre amplios sectores de izquierda- , esperamos que un desmedido despliegue policial para una ciudad media como la nuestra no fomente actos violentos. Porque en resumidas cuentas, en lo que la mayoría de las convocatorias previstas coincide es en la necesidad de plantear alternativas a la globalización realmente existente, fin loable este que debe estar alejado de cualquier tentación violenta.

Los estudiantes y el nuevo Calendario

2005-08-30T20:02:00.000Z

Crónica para el programa Políglota del 8 de marzo de 2005.

Tras las movilizaciones del Curso 2001-2002 contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU), no se registraba en nuestra Universidad una jornada de huelga y manifestación de los estudiantes como la del pasado 3 de marzo.

El motivo. Protestar contra la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno de la Usal –a propuesta del Equipo Rectoral-, del Calendario Académico para el Curso 2005-2006. En principio, y como ha sucedido en otras ocasiones, un Consejo de Gobierno de puro trámite, en el que la discusión y aprobación del Calendario no habría consumido más que un par de minutos.

Pero las cosas este año fueron completamente diferentes. Sin plantear con la comunidad educativa de la Universidad ningún tipo de debate, el Equipo Rectoral planteó en el mencionado Consejo una propuesta de Calendario que cortaba radicalmente con el actual. Los cambios más importantes se resumirían en el adelanto de la fecha de inicio de curso al 20 de septiembre y, sobre todo, el traslado de la convocatoria de septiembre de los exámenes del 1º cuatrimestre al mes de julio.

Desde un principio este Calendario contó con la oposición frontal del estudiantado. Y así, antes de su votación el 24 de febrero, convocaron a los alumnos de la Usal a manifestase frente al rectorado para mostrar el descontento que existía dentro del colectivo ante esta medida. A pesar del importante número de asistentes, que desafiando al frío, se concentraron entre las 10 y las 12:30 de la mañana, el Equipo Rectoral y una buena parte del profesorado sumaron sus votos para aprobar el nuevo Calendario.

Pero, ¿cuáles son los motivos que nos llevan a los alumnos (y también a un número importante de profesores y personal de administración y servicios) a oponernos?. En primer lugar la falta de voluntad de negociación, en un asunto tan importante como este, de la que ha hecho gala el Rectorado. No hemos podido proponer alternativas al Calendario para mejorarlo entre todos. También hay que mencionar los perjuicios económicos que su implantación provocaría en gran número de estudiantes que tendrían que pagar, en caso de tener algunas asignaturas pendientes, más meses de alquiler. Junto a este factor está el hecho de que un importante cantidad de alumnos que, durante las vacaciones estivales trabajan para poder pagarse el curso o realizan prácticas en empresas e instituciones, tendría en caso de suspensos olvidarse de estas actividades. A todo esto hay que añadir la sobresaturación de exámenes, con la consiguiente bajada en el rendimiento, a los que algunos tendrán que enfrentarse fruto del poco tiempo de separación entre la convocatoria de mayo/junio y la “nueva” de julio.

Una vez expuestas las razones, deberíamos interrogarnos sobre la manera en que los alumnos hemos llevado a cabo esta campaña de oposición al Calendario. Hay que señalar que tras años de desavenencias entre las distintas asociaciones y delegaciones de estudiantes de nuestra Universidad, durante las movilizaciones organizadas hemos estado todos unidos, sin importar “la sigla” a la que perteneciéramos.

A pesar de esta importante unión, los compañeros del Sindicato de Estudiantes (SE) han lamentado que tanto UNE como CEA hayan participado en estos actos que han sido organizados por el Consejo de Asociaciones y secundados por el Consejo de Delegaciones. El motivo la presencia de la Asociación AEUS, vinculada a las Nuevas Generaciones del Partido Popular. Pienso que esto es un error. Hay que señalar que si en la Universidad que nos ha tocado vivir en estos últimos años ha habido un tema en el que los estudiantes deben permanecer unidos, independientemente de su ideología, es el del Calendario. De esta forma, el Sindicato debería sumarse a cuantos actos de protesta y reivindicación se organicen por parte del Consejo de Asociaciones, comenzando con plantear, con la colaboración del resto de asociaciones y delegaciones, propuestas alternativas al Calendario, que desde el Rectorado se nos quiere imponer y no dedicarse a predicar división y confusión entre los alumnos en un tema de la importancia que tiene este.

Algunos comentarios sobre el Tratado Constitucional Europeo y la educación

2005-02-26T11:35:00.000Z

Artículo para el nº 1 de la revista Asperina.

Cuando este artículo sea publicado, los ciudadanos españoles habrán ratificado, o no, mediante referéndum el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Nuestro propósito en estas líneas es el de reflexionar sobre la influencia del Tratado en los aspectos educativos, a pesar de “la aburrida indiferencia política de la gente [...] en que se hunden todas las iniciativas públicas y colectivas que tienen lo europeo como referente”, como ha señalado recientemente José Vidal-Beneyto (El País, 12 de febrero de 2005).

La educación universitaria se encuentra actualmente en un proceso de tránsito hacia la configuración de un Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). A pesar de los importantes cambios que se producirán como consecuencia la adaptación de cada uno de los sistemas de enseñanza de los distintos estados europeos, la “norma fundamental europea” no presta en este aspecto particular y en la educación en general una especial atención.

En principio, la dedicación de unos pocos apartados a la educación no supondría nada paradójico, a pesar de la importancia de la labor educativa, ya que las competencias en esta materia siguen estando en manos de los Estados miembros. Sobre esto hay que señalar que, si se pretende avanzar en el EEES, se hecha en falta alguna mención más explícita a esto más allá de declarar en el Artículo III-282 que “la acción de la Unión tendrá por objetivos: desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, en particular mediante el aprendizaje y la difusión de las lenguas de los Estados miembros; favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, fomentando en particular el reconocimiento académico de los títulos y de los períodos de estudios [...]”.

De esta forma, mientras en el mencionado título tercero, en el que se recogen las políticas y el funcionamiento de la Unión, se lleva a cabo una minuciosa ordenación y reglamentación de la política económica y monetaria así como del mercado interior, los aspectos educativos ni siquiera cuentan con una sección propia y se insertan dentro del capítulo que recoge los “ámbitos en los que la Unión puede decidir realizar una acción de apoyo, coordinación o complemento”. Los defensores del Tratado esgrimirán que éste si incorporan elementos que merecen ser defendidos. De esta manera se apela, como en otras muchos aspectos, a que consagra en el Artículo II-73 el Derecho a la educación:

1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente.
2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria.
3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas

Tras este artículo no hay nada nuevo bajo el sol. La constitución española de 1978 en su Artículo 27 consagra tanto que “todos tienen el derecho a la educación”, como el reconocimiento de “la libertad de enseñanza”. Pero las críticas al mencionado Artículo II-73 del Tratado Constitucional, y en general a cuanto educación se refiere, se centran en que por ejemplo, a diferencia de la española que sí lo hace, ésta no menciona la existencia de una educación pública. Nuevamente aparece una de las constantes del Tratado, la falta de fijación de servicios públicos, muy en la línea de las políticas neoliberales y social-liberales del actualmente hegemónico “pensamiento único”.

En definitiva, nos parece que un tema de la importancia para cualquier sociedad como es la educación tenía que haber tenido un mayor protagonismo en la redacción del Tratado Constitucional. Claro está en el caso de que exista voluntad política por parte de los Estados miembros por avanzar hacia un verdadero proceso de integración, que no de homogeneización, universitaria a escala continental. Pero parece que es, una vez más, la economía y sus partidarios la que prevalece en la integración comunitaria y no las posiciones de aquellos que defendemos la configuración de una real Europa política, social y ecológica, dentro de la cual la educación pública y laica deber ser un pilar.

Reflexiones sobre el asociacionismo universitario desde UNE

2005-02-26T11:32:00.000Z

Texto elaborado a partir de la participación del autor en la mesa redonda Asociacionismo Universitario, dentro de las I Jornadas sobre Asociacionismo y Participación Ciudadana, organizadas por el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca en noviembre de 2004. Publicado en el nº 0 de la 2ª época de la revista Asperina de la Coalición Unidad Estudiantil (UNE), diciembre 2004.

Para comenzar me gustaría referirme en un primer momento a lo qué es Unidad Estudiantil, a quienes representa y cuales son sus objetivos. Haciendo un poco de historia, tenemos que situar el origen de esta Coalición en la creación en el año 1986 de la primera asociación de estudiantes con fines de representación de esta universidad: la Asociación Progresista de Estudiantes Renovadores (ASPER). Esta activa Asociación unió sus fuerzas en el año 1994 con la Asociación Universitaria de Estudiantes Progresistas (AUEP), fundada dos años antes, y dando como resultado la Coalición Unidad Estudiantil (UNE).

Durante varios cursos, esta Coalición se constituyó como la mayoritaria de cuantas existían en nuestra Universidad, contando con representantes en el Claustro de 1º,2º y a diferencia del resto también de 3º ciclo. Por tanto, se trata de un movimiento que desde una perspectiva de izquierda intenta ser portavoz de los estudiantes en los diferentes órganos de representación y tan importante como esto, intentar que sus problemas diarios se solucionen para configurar así una mejor universidad para todos.

Para la consecución de estos objetivos, nuestra Coalición participa con la presentación de candidatos en las diferentes elecciones, dentro del sector alumnos, que se desarrollan: Consejos de Departamentos, Juntas de Facultad y Claustro Universitario. Pero junto con este trabajo de representación, consideramos que la actividad política que llevamos a cabo se puede desarrollar también mediante la realización de diversas actividades culturales, sobre todo ciclos de conferencias. A pesar de ser un movimiento, que en principio sólo debería luchar o manifestarse por reivindicaciones corporativas, básicamente la defensa de los derechos de los estudiantes, nuestra ideología izquierdista hace que no olvidemos los problemas que suceden en nuestro país o en el mundo. Así hemos estado en la calle contra la Guerra de Irak y no sólo contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) o la Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE), también recaudando dinero para el material de los voluntarios del Prestige.

Lo hasta ahora expuesto, no deja de ser más que una presentación de los objetivos de nuestra Coalición. Pero junto a este panorama de luces, tengo también que señalar las sombras en la actuación de las asociaciones que representamos a los estudiantes.

En primer lugar habría que mencionar el escaso compromiso corporativista que solemos mostrar las Asociaciones de Estudiantes. En aspectos en los que sólo deberíamos buscar las mejoras de los derechos de los alumnos así como por ejemplo unas cuotas de representatividad más ajustadas a nuestro peso estadístico en la Universidad, las Asociaciones se han caracterizado por entrar en luchas cainitas que sólo buscan el protagonismo de unas sobre otras. A los hechos me remito y ahí está la campaña de una de las Asociaciones aquí presentes arrogándose el haber conseguido el Tribunal de Compensación. Resulta paradigmático que sólo sean temas como la defensa de las fiestas de los alumnos o la reticencia a perder protagonismo en la representación lo que una a la mayoría de las asociaciones.

El mejor reflejo de que estas luchas no conducen a nada es el pasotismo que muestra el común de nuestros compañeros universitarios hacia las asociaciones, reflejado en gran medida en su mínima participación en cualquier elección de representantes de alumnos. Resulta curioso que sí se movilizaran en las elecciones al rector, cuando su voto a pesar de ser directo iba a contar menos que antes. Porque no nos engañemos, los representantes de los alumnos en el Claustro por poner un ejemplo no lo son por haber convencido con un programa, con unas ideas a promover entre la comunidad universitaria, sino simplemente por ser aquellos que cuentan con “más popularidad” o como a mi me gusta decir son aquellos que tiene más amigos. Hay que mencionar que la implantación de cada asociación en diferentes titulaciones y cursos ayuda, pero sinceramente creo que no es lo fundamental.

Este pasotismo y esta falta de representatividad de los elegidos hace que en ocasiones estos “representantes” se alejen de las verdaderas preocupaciones del día a día universitario y en su lugar dediquen sus esfuerzos y dedicación a la asistencia de múltiples reuniones, comisiones y demás órganos universitarios en los que poco o nada pueden hacer por la defensa del alumnado. Por el contrario descuidan la labor del día a día de asistir a la facultad, de conocer lo que pasa, qué profesor no asiste, qué calefacción de las aulas no funciona o qué modelo de enseñanza queremos.

Una cuarta sombra, aunque no estoy muy seguro de ella, proviene de los “ataques” que se nos hace desde diversos sectores a las asociaciones que claramente mostramos una determinada ideología política. En el caso de UNE, siempre se nos ha etiquetado como la organización de las Juventudes Socialistas (JJSS) en la Universidad de Salamanca. Se trata de una afirmación que requiere matizaciones (al igual que hablo de UNE podría hablar del Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA) y de la Asociación de Estudiantes Independientes de la Universidad de Salamanca (AEUS) así como su relación con Juventudes Comunistas y Nuevas Generaciones del Partido Popular, pero por desconocimiento interno de las mismas y sus relaciones no voy a valorarlas). No voy a negar que existe una estrecha vinculación entre Juventudes y UNE, es decir, hay tanto doble militancia como una misma sintonía en determinados temas. ¿Quiere decir esto que UNE es un satélite de JJSS en la Universidad? A mi me gustaría creer que no y así lo pienso. Hay una autonomía, se renuevan las ejecutivas sin la intromisión de la Ejecutiva de Juventudes. En este caso, el de la relación de las secciones juveniles de los partidos y la Universidad, yo soy partidario de otro modelo, que en España parece que no ha cuajado del todo, quizás estaría la excepción de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pero que sí lo ha hecho en otros países, como en Suecia. La idea es que cada sección juvenil tendría en cada universidad su asociación, con un nombre común en todos sitios, por ejemplo en el caso que nos atañe Socialistas Universitarios, Comunistas Universitarios o algo similar. Eso no quiere decir que no pudieran existir asociaciones con fines de representación no vinculadas a partidos, caso de la Asociación de Estudiantes Miguel de Unamuno (AEMU) en Salamanca, pero creo que se haría justicia y se llamarían a las cosas por su nombre.

Al igual que las luchas cainitas, la llamada “política universitaria” ofrece un balance nada favorable a mi juicio. Por política universitaria entiendo en este caso los pactos, acuerdos, cambios de siglas, coaliciones que únicamente parece que responden a un interés por seguir manteniendo una cuota determinada de espacio, como un despecho, más miembros en un órgano de representación, etc. Así han existido coaliciones más o menos fantasmas inexistentes que sólo buscaba tener más miembros en el Consejo de Asociaciones o un despacho más en el que acumular papeles.

La verdad es que el planteamiento presentado no parece muy alentador y realmente son muy escéptico en cuanto a pensar que las cosas vayan a cambiar. En el caso que nos convoca hoy, la Universidad está impregnada por un pasotismo y falta de compromiso que afecta tanto a alumnos como a profesores.

En buena parte de las titulaciones los alumnos nos convertimos en copistas de libros ya escritos. Memorizamos “apuntes” que reproducimos en un examen. Preferimos el dictado a la lectura individual y al posterior debate colectivo. Evitamos la evaluación continua en beneficio del matriculase y venga el día del examen. El debate, la crítica y la reflexión la dejamos para mejores tiempos. Es evidente que parte de esta culpa la tiene el profesorado, pero sería irreal no reconocer que cuando se producen avances en la metodología docente, muchos compañeros se muestran contrariados o incluso alarmados por no tener un “apunte” que tomar.

Y es en la calidad de la docencia, a mi juicio uno de los aspectos en que las Asociaciones menos han entrado, por lo menos desde que formo parte de esta Universidad, excepción hecha de algunas declaraciones generales de principios que todos compartimos. Porque en breve tendremos con la adaptación de la Universidad española al Espacio Europeo de Enseñanza Superior, una nueva reforma de los planes de estudio, y ahí será importante que los alumnos den su punto de vista sobre su estructura, duración, distribución horas, metodología, evaluación, etc...Ahí es donde tenemos que estar también, favoreciendo el debate, la crítica y la reflexión y no “sacándonos el pellejo” unos a otros por copar más o menos cuota de representación.

Pío Moa y el revisionismo histórico español

2005-02-26T11:28:00.000Z

Artículo publicado en la revista Claridad de las Juventudes Socialistas de Salamanca, octubre de 2004.

El setenta aniversario de “la insurrección obrera de octubre de 1934 en Asturias” (1) ha sido aprovechado por el periodista Pío Moa para publicar su último libro, 1934: comienza la Guerra Civil. El PSOE y la Esquerra emprenden la contienda (Áltera, 2004). Las tesis de Moa sobre el periodo republicano y la Guerra Civil han sido ampliamente difundidas en anteriores publicaciones, como el best-seller Los Mitos de la Guerra Civil, presentando ahora la revolución de octubre como “una trama orquestada entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Catalunya, que en 1934 pretendían acabar con el gobierno legítimo de la derecha e instaurar un sistema soviético (2)”.

Ante estas presuntas “verdades absolutas”, no podemos llevarnos a engaño. Las interpretaciones de este antiguo militante del PCE (r) no son fruto de su conocimiento directo de las fuentes primarias de la época, como presume en su “nuevo libro de ficción (3)”, sino del “revisionismo histórico (4)” que ha aparecido en nuestro país en los últimos tiempos. Para el historiador Javier Tusell (5):

“Todo historiador parte de unas fuentes primarias y logra una interpretación original que se escribe en el hipertexto de nuestros conocimientos y que sin duda será objeto de reconsideración. El "revisionista" actúa de otro modo. No parte de preguntas, sino de seguridades o de presunciones. No acude a las fuentes primarias, sino a las secundarias que pretende elaborar con originalidad. Lo hace, sin embargo, con extravagancia acudiendo a interrogantes inapropiados que remiten a la posición partidista que ya ha adoptado. Elude la técnica del historiador y por eso suele magnificar el dato irrelevante para sus propios fines o tomar la parte por el todo. Huye de matices porque lo suyo es el dualismo maniqueo, la simplificación o la parcialidad. Ansía la polémica porque parece concederle el privilegio de una posición innovadora o situarle en idéntico plano de los profesionales de la Historia”.

Ejemplos para Tusell de esta escuela lo constituyen, junto al propio Pío Moa, César Vidal –presentador de La Linterna de la COPE-, José María Marco-redactor del último libro de Aznar- o Jon Juaristi-director del Instituto Cervantes durante el periodo de gobierno popular-. Se trata de “historiadores”, que en palabras de Alberto Reig Tapia para el caso de Moa, pero que son perfectamente extrapolables al resto, tratan de “encaramarse a base de codazos, pisotones y reclamaciones varias, al más elevado sitial de la historiografía nacional”. En esta misma línea argumentativa añade Reig Tapia que “a tan elevado altar historiográfico se accede trabajando intensamente y con talento, haciendo sin prisa pero sin pausa una obra sólida (que no es lo mismo que “al peso", como con infantil manera pretendía su antecesor Ricardo de la Cierva numerando sus sucesivos e inconsistentes mamotretos) (6)

Así, Pío Moa y el conjunto de la “historiografía neoconservadora ha insistido, [...], en que es octubre de 1934 el momento de quiebra definitiva de las instituciones republicanas y, consecuentemente, el punto de partida de la Guerra Civil. Julio del 36 no sería sino la respuesta aplazada al levantamiento obrero (7)”. Esta línea de justificación lleva al extremo de afirmar que “Franco, [...] defendió en aquel momento [octubre de 1934] la legitimidad republicana frente a la revolución, aunque no le gustaba el gobierno democrático. Podía haber instaurado una dictadura en aquel momento, pero no lo hizo (8)". Incluso, como mencionó Javier Tusell con anterioridad al nuevo libro de Pío Moa, pero que ya dejaba claro en otros, “presume una conspiración desde comienzos de siglo de izquierdistas y nacionalistas y dice descubrir su capacidad destructiva... ¡en una sociedad secreta! Pero semejante extravagancia tuvo su eco en el calificativo "masónico" que Jiménez Losantos otorgó al discurso de investidura de Zapatero (9)”.

Y así, de esta manera encontramos la vinculación existente entre esta “nueva historiografía revisionista” y un sector importante de la derecha española (10), que de un tiempo a esta parte, hacen de la utilización partidista, sesgada e interesada de la Historia, y en particular de la de España, una de sus razones de ser. Fundamentalmente, se trata de deslegitimar hoy, según pretenden, al PSOE, ERC e IU (partidos todos ellos con más historia que el PP: ¿dónde estaban ellos en 1934?) recurriendo sin rigor y contexto alguno a situaciones y hechos ocurridas hace más de setenta años. Aunque no se entiende muy bien esta actitud, cuando todavía gran parte de la derecha española no condena o en su caso ampara el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, como poco menos reflejó recientemente el popular Ángel Acebes. Pero lamentablemente para ellos, la Historia se escribe a base de “verdades a medias”, manipulaciones y ocultaciones.

De esta manera, amplios sectores de la historiografía profesional española han interpretado, como ha recordado recientemente la profesora Bizcarrondo (11) “que existían poderosas razones para temer que el acceso al poder de la CEDA constituyese la antesala de la supresión del régimen democrático”. Esta fue, en última instancia, la causa que desencadenó la organización de una sublevación por parte de los sindicatos y partidos que hoy llamaríamos de “izquierda”. Pero tanto la huelga general indefinida como la proclamación de Companys de “el Estado Catalán dentro de la República Federal Española”, fracasaron rápidamente en todo el país, a excepción de Asturias, que mantuvo la insurrección hasta la llegada de tropas al mando de Franco y la brutal represión posterior.

Lamentablemente, hemos destinado estas líneas a Pío Moa y sus “compañeros de viaje historiográfico” y no al excelente libro, a nuestro entender, de Enrique Moradiellos, 1936. Los mitos de la Guerra Civil (Península, 2004), que si esperamos hacer en próximas colaboraciones.

NOTAS

(1) Marta Bizcarrondo, “Octubre del 34: las dos memorias”, El País, 8 de octubre de 2004.
(2) Javier Cuevas, “Pío Moa hace memoria”, La Voz de Asturias, 7 de octubre de 2004.
(3) Lorenzo Cordero, “Pío Moa y la novela negra”, La Voz de Asturias, 19 de septiembre de 2004.
(4) Una lamentable respuesta a esta “etiqueta” es la de César Vidal, para el que “el término revisionista era utilizado por los comunistas para liquidar a los rivales ideológicos. Al parecer, a los estalinistas de corazón de hoy les salta el mismo nombre para señalar a los que desearían borrar del mapa. Sin embargo, hasta donde yo puedo ver, Moa tiene mucha vida por delante. La que no tendrá, por citar un ejemplo, Tusell.” (Diálogo del 5 de octubre de 2004 en Libertad Digital con César Vidal).
(5) Javier Tusell, “El revisionismo histórico español” , El País, 8 de julio 2004.
(6) Alberto Reig Tapia, “Quosque tandem Pío Moa?”, El Ruedo Ibérico, 29 de julio de 2003.
(7) Marta Bizcarrondo, “Octubre del 34: las dos memorias”, El País, 8 de octubre de 2004.
(8) Javier Cuevas, “Pío Moa hace memoria”, La Voz de Asturias, 7 de octubre de 2004.
(9) Javier Tusell, “El revisionismo histórico español” , El País, 8 de julio 2004.
(10) Sobre el libro de Pío Moa, el periodista Federico Jiménez Losantos considera que “leer las cosas que decían y escribían los golpistas del PSOE y ERC, la claridad con que anunciaban la Guerra Civil resulta estremecedor” (Diálogo del 6 de octubre de 2004 en Libertad Digital con Federico Jiménez Losantos).
(11) Marta Bizcarrondo, “Octubre del 34: las dos memorias”, El País, 8 de octubre de 2004.